La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villena ha aprobado definitivamente esta semana el nuevo Contrato-Programa de Servicios Sociales 2025-2028, que permitirá la financiación del departamento con una aportación anual cercana a los 1,3 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana. Este convenio regula la contratación de personal técnico y establece las condiciones del servicio durante los próximos cuatro años.
La partida inicial para 2025 asciende a 1.335.500,18 euros, de los cuales el 70 % será transferido en cuanto se formalice el acuerdo, mientras que el resto quedará condicionado a la justificación del gasto antes de final de año.
Este trámite llega tras un enfrentamiento político entre el equipo de gobierno y el grupo municipal del Partido Popular. La semana pasada, el PP denunció la pérdida de una subvención de más de 33.000 euros destinada a la contratación de una trabajadora social. Desde el gobierno local, el alcalde, Fulgencio Cerdán, y la concejala de Bienestar Social reprocharon a los populares su falta de apoyo al Ayuntamiento, acusándolos de “ponerse del lado de la Generalitat” al no exigir el pago de los 1,3 millones pendientes.
Ante estas declaraciones, el portavoz del PP, Antonio López, respondió que el retraso en el abono de la ayuda se debía precisamente a la falta de aprobación previa del contrato-programa por parte de la Junta de Gobierno. Según explicó, la demora fue provocada por un error en la consignación presupuestaria del salario de un técnico de integración social, que obligó a modificar el acuerdo aprobado inicialmente el 16 de junio. El ajuste redujo la cantidad prevista de 33.650 a 31.000 euros y aplazó la firma durante casi dos meses.
López también recordó que este tipo de retrasos no son nuevos, y puso como ejemplo el contrato-programa anterior (2021-2024), firmado el 2 de noviembre de 2021 bajo el gobierno del Botànic, “sin que entonces nadie cuestionara la demora ni se generara ningún conflicto político”.
Para el portavoz popular, las críticas del actual equipo de gobierno “responden más a intereses partidistas que a una gestión responsable”. “Los procedimientos están establecidos y se asumen al firmar el convenio. Lo importante ahora es cumplir con los plazos y justificar correctamente los fondos para no tener que devolver el dinero, como ya ha ocurrido en ejercicios anteriores”, advirtió.
Nueva licencia urbanística y obras paralizadas
En la misma sesión de la Junta de Gobierno se aprobó también la licencia de obras para la remodelación de la planta de tratamiento de residuos de Vaersa, con una inversión prevista de 9,88 millones de euros financiada por la Generalitat. Esta actuación permitirá modernizar las instalaciones y mejorar la recuperación de materiales reciclables.
Antonio López aprovechó para recordar que, durante la visita del conseller de Medio Ambiente en mayo, el alcalde Cerdán afirmó que las obras no podrían comenzar en septiembre porque el Consell no había solicitado la licencia. “Con esta aprobación queda demostrado que sí se tramitó correctamente, dejando en evidencia aquellas declaraciones”, señaló el edil popular.
Cambios en las obras del Palacio Consistorial
Por último, la Junta informó de una nueva modificación en las obras del Palacio Consistorial, actualmente paralizadas. La intervención, que ya acumula retrasos, contempla ahora un aumento de presupuesto de 63.377,31 euros y una ampliación del plazo de ejecución en cinco meses, lo que sitúa la posible finalización del proyecto en abril de 2026, siempre que no se produzcan nuevos contratiempos.