El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por un particular que reclamaba actuaciones concretas para garantizar la conservación de la Colonia de Santa Eulalia, situada entre Sax y Villena. La sentencia, fechada el 29 de octubre, establece que corresponde a la administración competente valorar y decidir qué medidas resultan más adecuadas para proteger los bienes históricos.
La resolución judicial considera que, aunque la legislación reconoce el derecho de la ciudadanía a exigir la protección del patrimonio histórico, esta posibilidad no implica que se pueda obligar a una administración a ejecutar determinadas actuaciones específicas.
Según recoge la sentencia, las administraciones públicas deben examinar las propuestas de protección y determinar, mediante las valoraciones técnicas correspondientes cuando sean necesarias, qué intervenciones resultan más útiles para garantizar la conservación de los bienes catalogados.
En este caso, el Tribunal Supremo señala que el Ayuntamiento de Sax ya había adoptado algunas de las medidas solicitadas, circunstancia que ha tenido en cuenta para desestimar el recurso.
Preocupación por el estado de conservación de la Colonia
La resolución ha generado preocupación en Acció Ecologista – Agró, entidad que ha colaborado en el procedimiento judicial y que considera insuficientes las actuaciones desarrolladas hasta el momento para proteger este conjunto histórico.
Según explica la organización, las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Sax se limitaron a la imposición de tres multas coercitivas de 288,83 euros cada una, por un importe total de 866,49 euros, relacionadas con la obligación de vallar inmuebles que presentaban riesgo de derrumbe.
La entidad sostiene que las actuaciones exigidas a los propietarios no se habían ejecutado y que uno de los inmuebles afectados ya se había derrumbado. También denuncia que no se había procedido al vallado de un pozo de aproximadamente 50 metros de profundidad situado dentro del entorno protegido, pese al peligro que podría representar para las personas.
Acció Ecologista – Agró considera que estas circunstancias no han recibido una respuesta suficiente en la sentencia y cuestiona que las actuaciones administrativas realizadas hasta ahora permitan garantizar la conservación del conjunto.
Debate sobre la protección del patrimonio histórico
La organización ecologista advierte de las posibles consecuencias de esta resolución para la defensa del patrimonio histórico en España.
A su juicio, la interpretación del Tribunal Supremo podría limitar las posibilidades de los ciudadanos de reclamar judicialmente medidas concretas cuando consideren que las administraciones no están actuando de manera suficiente para evitar el deterioro de bienes protegidos.
La entidad recuerda que la legislación española reconoce la acción pública en materia de patrimonio histórico, una herramienta que permite acudir a los órganos administrativos y judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones de protección.
Sin embargo, la sentencia establece que corresponde a la administración competente determinar las actuaciones que deben llevarse a cabo, sin que las medidas propuestas por un particular tengan que adoptarse automáticamente.
Acció Ecologista – Agró expresa su discrepancia con esta interpretación y defiende que los tribunales deben poder exigir intervenciones adecuadas cuando esté en riesgo la conservación de un bien histórico.
Estudian acudir al Tribunal Constitucional
Tras conocer la decisión del Supremo, Acció Ecologista – Agró ha anunciado su intención de colaborar en la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, además de trasladar la situación a organismos nacionales e internacionales relacionados con la protección del patrimonio.
La organización también ha advertido de que, si se producen nuevos derrumbes de elementos protegidos, presentará una denuncia ante la Fiscalía.
La Colonia de Santa Eulalia vuelve así a situarse en el centro del debate sobre la conservación del patrimonio histórico y la responsabilidad de las administraciones públicas en la protección de conjuntos arquitectónicos amenazados por el deterioro.
La resolución judicial no elimina las obligaciones legales de conservación, pero establece límites a la posibilidad de exigir judicialmente la adopción de medidas concretas propuestas por particulares, una interpretación que la entidad ecologista considera preocupante para el futuro de los bienes culturales protegidos.







