El Ayuntamiento de Villena tendrá que abonar más de 110.000 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), junto a las entidades AIE y AGEDI, tras una nueva resolución judicial que estima la reclamación presentada por estas organizaciones de gestión de derechos de autor.
El concejal del Partido Popular, Antonio López, ha hecho pública la sentencia, que condena al consistorio por el impago de facturas vinculadas a actividades culturales, festivas y municipales celebradas entre los años 2012 y 2022. A la cantidad fijada, que finalmente asciende a 110.030 euros tras un acuerdo que rebajó la reclamación inicial de 129.000 euros, habrá que añadir los intereses generados y las costas judiciales.
Según recoge el fallo, el litigio afecta a cerca de 200 facturas correspondientes a distintos departamentos municipales. Entre ellas se incluyen también derechos derivados de actividades desarrolladas en las escuelas deportivas municipales entre 2017 y 2022.
El dictamen judicial señala que muchas de estas facturas no fueron atendidas ni tampoco impugnadas formalmente por el Ayuntamiento, pese a los requerimientos efectuados por las entidades gestoras.
Desde el Partido Popular recuerdan que no es la primera vez que el uso de música en actos municipales termina en los tribunales. En 2019, el Ayuntamiento y la Junta Central de Fiestas ya fueron condenados al pago de alrededor de 32.000 euros más intereses por derechos correspondientes a celebraciones entre 2013 y 2017.
Tras aquella sentencia, el consistorio asumió la deuda pendiente y suscribió un convenio anual con la SGAE —formalizado en 2020— por un importe de 108.000 euros para regularizar los pagos relacionados con fiestas y otros eventos organizados por el Ayuntamiento. Además, se abonaron cantidades pendientes de ejercicios anteriores para ponerse al día.
En aquel momento, incluso autores y compositores de Villena y localidades cercanas denunciaron retrasos prolongados en el cobro de sus derechos, lo que aceleró la firma del acuerdo.
Antonio López ha mostrado su preocupación por la nueva condena, al considerar que pone de manifiesto problemas reiterados en la gestión de estos pagos. El edil popular sostiene que, una vez firmados los convenios, corresponde cumplirlos y revisar las facturas en caso de discrepancia, en lugar de dejarlas sin tramitación.
Aunque la resolución admite recurso de apelación en el plazo de 20 días, el concejal señala que el propio texto judicial apunta a incumplimientos reiterados del convenio suscrito con la SGAE, lo que podría dificultar una eventual revocación de la sentencia.
La decisión judicial supone un nuevo revés económico para las arcas municipales, que deberán hacer frente a esta cantidad en un contexto en el que el debate sobre la gestión de los derechos de autor vuelve a situarse en el centro de la discusión política local.
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