El sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de UGT, integrado en la
Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP-UGT PV)
denuncia que la Consellería de Educación incumple con el profesorado interino sin la
capacitación en valenciano, vulnerando su propia normativa, la Orden 35/2018, de 22 de
agosto, y la PNL (proposición no de ley) de las Cortes Valencianas, aprobada por consenso y unanimidad de todos los grupos parlamentarios, incluyendo los que sostienen
al gobierno del Botánico, el pasado 26 de junio de 2018, la primera vez que tiene que
aplicarla, esto es, en las adjudicaciones de puestos de trabajo docente del pasado día 5
de septiembre de 2018.
Así y a través de una falsa (no queremos pensar que sea maliciosa también)
interpretación de la normativa y vulnerando además el contenido pactado en la PNL, la
Consellería de Educación interpreta que como los maestros nunca han tenido moratoria,
la moratoria de la Orden de 2013 no se les aplica y la nueva moratoria tampoco. Un
absurdo legal y jurídico que perjudica gravemente los derechos y condiciones laborales
de los maestros interinos sin capacitación, ya que así, los expulsa, de forma anticipada, definitivamente y sin remisión del sistema educativo valenciano.
Decimos falsa y errónea interpretación de la normativa porque los maestros sin
capacitación en valenciano, también están afectados por la Orden de 2013, y han
disfrutado hasta 2017 de una moratoria, al igual que el resto de los cuerpos docentes
afectados por la misma (Profesorado de E. Secundaria y Técnicos de FP), si bien limitada
a la posibilidad de optar a puestos de trabajo en localidades de predominio lingüístico
castellano, tal y como se señala expresamente en el punto cinco de la disposición transitoria de la citada norma. Por tanto, como el resto de cuerpos docentes afectados,
también tienen derecho los maestros a la nueva moratoria, a la prórroga de la moratoria
que para ellos existía, y que la Consellería de Educación no quiere darles, vulnerando y
pervirtiendo de esta forma tanto su propia normativa como el contenido del pacto suscrito y alcanzado por todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, incluidos los partidos que apoyan y sostienen al gobierno del Botánico.
Como dice Luis Vicente Mateo en las redes sociales , alcalde de Benferri (Alicante) y maestro afectado por esta injusta decisión, el conseller Marzà no cumple la orden 35/2018 de 22 de agosto que permitía a los maestros de primaria sin capacitación trabajar en zonas castellano hablantes dándole una moratoria de cuatro años para obtener la capacitación. Esta orden venia respaldada por una proposición no de ley apoyada y firmada por todos los grupos políticos en las Cortes incluido Compromis. Habrá que recordarle que los asuntos que se aprueban en las Cortes están para cumplirlos en un país democrático como es España.
El caso del alcalde de Benferri (Alicante), tras muchos años de servicios, sólo es un lamentable ejemplo de como la Consellería de Educación maltrata al profesorado interino, pero hay más. Al igual que Luis Vicente Mateo, que podría haber optado a dos puestos de trabajo en centros próximos a su pueblo, del que es alcalde, en localidades también de predominio lingüístico castellano, otra compañera, afiliada al sindicato, Maria Victoria, maestra también con muchos años de servicios profesionales y experiencia, se le ha impedido volver a trabajar en el sistema educativo público valenciano, cuando tenía disponibles hasta nueve puestos de trabajo, vacantes de curso completo, en centros escolares de localidades de predominio lingüístico castellano.
UGT Enseñanza País Valenciano considera que con esta mala praxis, con esta forma de aplicar la normativa, se amplían los motivos para recurrir, tanto en la via administrativa como en la via judicial, la Orden 35/2018, de 22 agosto, como ya denunciábamos. Y vamos a preparar con urgencia las reclamaciones individualizadas de nuestra afiliación afectada por ella, para que se rectifique esta adjudicación manifiestamente errónea que se ha hecho, y para que las próximas no se realicen con este criterio que sindicalmente vamos a calificar, además de erróneo y contrario a la normativa, de presuntamente (así parece) malicioso y perverso. Porque como desde UGT Enseñanza País Valenciano ya criticamos, nos parecen totalmente insuficientes las medidas que se están adoptando para garantizar el derecho al trabajo y al empleo docente de estos profesionales, trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza con muchos años de servicios, experiencia y edad, próximos a su jubilación que, como el conjunto del profesorado, se han sacrificado y dedicado toda su vida profesional por garantizar un
sistema educativo valenciano de calidad, y que ahora reciben este pago: el despido.
UGT Enseñanza País Valenciano se mantendrá vigilante para que los derechos de los
trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza no se vean cercenados y conculcados por una
Administración educativa que, por su talante y trayectoria progresista, debería precisamente defenderlos.
UGT