CANFALI EL SEMANAL
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El alcalde de Aspe, Roberto Iglesias, ha enviado al director general de Patrimonio Cultural Valenciano, Manuel Muñoz Ibáñez, las alegaciones para impedir la sanción contra las obras ilegales de reforma de la plaza Mayor. Según explicó el munícipe en el último pleno a preguntas del PP, se trata de tres informes arqueológico que precisamente ponen de relieve la falta de autoridad de Iglesias para reanudar las obras de reforma de la plaza Mayor tras la paralización decretada por la dirección territorial de Cultura. La suspensión cautelar de los trabajos estuvo motivado por la oposición del arqueólogo provincial, José Luis Simón García, a la dirección facultativa propuesta al mantener una serie de expedientes abiertos y por el hecho de que se realizó una modificación del proyecto al aparecer una vieja alcantarilla en el tramo de la iglesia del que no se informó a su departamento.
La omisión deliberada por mandato de Alcaldía de este último trámite con la finalidad de agilizar los trabajos de reforma ha provocado que el Consell iniciara hace escasas semanas el periodo informativo previo a la posible iniciación del procedimiento sancionador contra las obras ilegales por la comisión de una infracción administrativa contra el patrimonio, dado que se trata de una zona de especial protección arqueológica.
La portavoz popular, Nieves Martínez, interpeló al munícipe por este asunto y obtuvo por respuesta que el Ayuntamiento envió el 28 de junio exactamente el mismo paquete de alegaciones que anteriormente remitió a la dirección territorial. De estos documentos, según Iglesias, lo que sobresale es que de acuerdo a su visión de la Ley de Patrimonio Cultural no era necesaria la prerrogativa autorización de la conselleria de Cultura para reanudar las obras. A juicio de la primera autoridad local no existía riesgo de que se produjeran daños contra el patrimonio al estar los terrenos previamente removidos en el periodo de construcción de esta alcantarilla que era desconocida. El director general, no obstante, recordó a Iglesias en un escueto pero severo documento de menos de un folio que la dirección territorial de Cultura de Alicante paralizó los trabajos al contravenir la Ley por no disponer de la pertinente autorización al haber sido requerido el proyecto de modificación y a pesar de ello se ha procedido a ejecutar las obras.
MARE MÁGNUM DE INFORMES
El extracto del mare mágnum de informes realizados y de los que se han enviado a la conselleria de Cultura los tres arqueológicos son los siguientes.
El más significativo desde el punto de vista jurídico es el del letrado municipal, Virgilio Muelas, quien dice que antes de iniciar la obra, se realicen las catas que van a darnos la realidad de la existencia o no de restos arqueológicos, y que tanto la propia obra, como las catas precisen la autorización y supervisión de la Comunidad Autónoma. El Ayuntamiento, añade Muelas, debía haber comunicado inmediatamente esta circunstancia en alusión a la modificación- a la Generalitat, a efectos de que por ésta se valorara la innecesariedad de dicha autorización previa y debería haber sido contestado de forma inmediata por el Ayuntamiento.
El director del Museo Arqueológico de Murcia, Antonio Poveda, observa que para cualquier nueva actividad de obra en la plaza sí se debería de contemplar un seguimiento arqueológico.El arqueólogo municipal, Jesús Peidro, encargado por Castelló, adjudicatario de las obras de reforma, de supervisar los trabajos y contra cuya contratación se opuso Simón García dice: Posteriormente el Ayuntamiento realizó una serie de modificaciones en el proyecto inicial. Las obras se iniciaron sin el preceptivo permiso en este tipo de intervenciones. En buena parte de la plaza desconocemos si se conservan restos de interés arqueológico, significa.
Un tercer informe solicitado a la empresa arqueológica Alebus SL refleja que la afección, de producirse, podría haber sido escasa. La instalación de la nueva red de saneamiento, añade, podría no haber afectado al patrimonio histórico al no suponer la necesidad de producir nuevas remociones de tierra. Podemos apuntar la posibilidad más que probable de que las tareas de repavimentación no hayan supuesto afección alguna sobre el patrimonio, concluye.
El arquitecto municipal y director de las obras, Luis Gaona, justifica que no detuvo las trabajos de rehabilitación una vez la conselleria de Cultura decretó la paralización cautelar porque fue el mismo alcalde quien le obligó a continuar. Dicha propuesta de paralización no llegó a materializarse por orden verbal expresa de la Alcaldía, alega. Así, significa que el letrado municipal consideraba que debían paralizarse todas aquellas actuaciones que pudieran afectar a los valores presuntamente existentes en la zona arqueológica.