La Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia de Alicante está investigando la actuación de la alcaldesa de Biar, Magdalena Martínez, en relación a un expediente por infracción urbanística incoado al sobrino del exconcejal de Urbanismo de la localidad Vicente Pérez, según fuentes próximas al caso.
La denuncia fue presentada el pasado mes de febrero por el grupo municipal socialista y se basa, fundamentalmente, en un informe jurídico elaborado en junio de 2011 por la secretaria del Ayuntamiento del que se desprenden diversas irregularidades. Entre los hechos investigados destaca la supuesta apropiación de 124 metros cuadrados de suelo público dentro del casco urbano.
Según el informe aportado al Ministerio Público, Martínez ordenó verbalmente a la funcionaria paralizar el expediente incoado en 2008 al supuesto infractor porque las obras que había realizado en su vivienda unifamiliar no se ajustaban a las condiciones de la licencia que concedida tres años antes, que incluían la obligación de ceder esos 124 metros de suelo para ampliar una calle y urbanizarla.
El 27 de diciembre de 2010, la primera edil firmó un decreto donde declaraba caducado el citado expediente al haber transcurrido el plazo máximo sin haberse dictado resolución alguna, tal y como consta en la denuncia del PSPV-PSOE.
Al año siguiente, en abril, uno nuevo decreto de la Alcaldía volvía a ordenar la restauración de la legalidad urbanística. Sin embargo, ese mismo decreto fue anulado apenas tres días después sin que llegara a ser tramitado.
La secretaria municipal lo descubrió el 2 de junio de ese año, al percatarse de que el expediente no se encontraba en su sitio. Un auxiliar de la oficina técnica le informó de que la documentación se la había llevado el entonces primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vicente Pérez, con el argumento de que debía «consultarlo con la alcaldesa».
Al día siguiente, la propia Martínez explicaba a la funcionaria que se había quedado el expediente para estudiarlo «antes de firmarlo» y había ordenado al auxiliar que anulara el último decreto de restauración de la legalidad urbanística, pero luego «se le olvidó el asunto», siempre de acuerdo con el informe jurídico confeccionado por la secretaria.
Entre tanto, el Consistorio había aceptado la propuesta del supuesto infractor para eliminar la obligación de ceder esos 124 metros cuadrados de suelo.
Este arreglo iba a realizarse mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero nunca se llevó a cabo al presentar informes contrarios la secretaria y dos técnicos.
