La UGT-PV denuncia laxitud y blandura en la imposición de sanciones por parte de la inspección de trabajo en la Comunitat Valenciana, ya que a pesar de encontrarse en un buen nivel respecto al número de inspecciones en los seis primeros meses del año, el importe medio de las sanciones desciende considerablemente respecto a la media del importe medio de las sanciones en España.
Para la UGT-PV esta situación obedece a la relajación que en materia de prevención de riesgos laborales se da en la Comunitat Valenciana, una situación que redunda en una alta tasa de siniestralidad y que se ejemplifica con los tres trabajadores durante la semana pasada, dos en la provincia de Alicante, uno de Dolores donde un joven de 29 años cayó desde 12 metros de altura y otro en Tibi por el vuelco de un tractor, mientras que un tercer trabajador murió electrocutado en Sagunt.
Y es que según la estadística de actuaciones de la inspección en la Comunitat, en el periodo enero-junio de 2007 se han realizado un total de 24.526 actuaciones, el 9,2% del total de las realizadas en España, lo que sitúa a la Comunitat en el tercer lugar por número de actuaciones, solamente por detrás de Andalucía y Catalunya. Ahora bien, el importe de las sanciones impuestas por la inspección de trabajo en la Comunitat Valenciana asciende a poco más de 4,9 millones de euros, una cifra muy alejada de los casi 8 millones impuestos en Andalucía o los 11,9 millones en Catalunya, es decir, mientras que las autoridades laborales catalanas y andaluzas mantienen un aceptable rigor respecto a los infractores, no parece suceder lo mismo con las autoridades laborales en la Comunitat Valenciana.
De hecho, el importe medio por cada infracción se sitúa en la Comunitat en el periodo enero-julio de 2007 en 2.969 euros, por debajo de la media estatal que se sitúa en 3.376 euros, ocupando el puesto número 13 de las 17 autonomías y muy alejada de medias como la de Madrid con 4.559 euros o Murcia con 5.264.
Por ello, la UGT-PV considera que las autoridades laborales en la Comunitat Valenciana deberían poner más empeño en perseguir y sancionar las actuaciones empresariales que atentan contra la seguridad y la salud de los trabajadores, imponiendo cuantas sanciones sean precisas, ya que la cultura de la prevención comienza con la aplicación de la ley y la sanción correspondiente cuando los inspectores advierten irregularidades en los centros de trabajo.