CONCENTRACIÓN EN LOS JUZGADOS DE ALICANTE
21/2/2017
Nos concentramos hoy de nuevo para denunciar la precaria situación en que se encuentra
la prestación de nuestro Servicio Público por la escasez y el envejecimiento
de la plantilla y la falta de voluntad de la Administración en revertir esta situación
mediante la creación de empleo estable y mediante una planificación de futuro que
garantice su viabilidad, como se corresponde con un Servicio Público de Emergencias
profesionalizado y con garantías.
El motivo, tanto de nuestras movilizaciones como de la presentación de este recurso
contencioso-administrativo, no es otro que el de exigir a la Administración que saque
a concurso todas las plazas vacantes existentes. Entre ellas las ocupadas por trabajadores
interinos, los cuales llevan más de seis años en esta situación, cuando la
Ley del Estatuto básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública Valenciana
establecen que las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán
incluirse en la Oferta de Empleo correspondiente al ejercicio en que se produce
su nombramiento y, si no fuera posible , en la siguiente salvo que se decida su amortización
y este no es el caso. Se prolonga así una situación de incertidumbre y agravio
para estos trabajadores, que ya han demostrado su capacidad en el trabajo, y
que en definitiva son víctimas de unas políticas públicas perversas que intentan promover
unos Servicios Públicos degradados basados en el empleo precario, en el voluntariado
y en la derivación de servicios a empresas privadas afines con el consiguiente
despilfarro, o directamente robo, de dinero público (cuyo caso más sangrante
fue el de nuestro ex conseller de Governaciò, Serafín Castellano, y sus contratas
fraudulentas con una empresa de medios de extinción aérea).
Sea cual sea el resultado de la sentencia esta sección sindical seguirá trabajando en
defensa de un Servicio Público de Emergencias digno y profesionalizado, por el empleo
público estable y con derechos, por la transparencia frente a las corruptelas, y
exigiendo a la Administración Pública, mediante la vía de la denuncia legal o de la
presión social, una gestión de lo público que apunte a esos fines.