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El Consejo Económico y Social de la Diputación rechaza la tasa turística de la Generalitat con la oposición de PSOE, Compromís y sindicatos

Información de la Diputación de Alicante:

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha presidido esta mañana la sesión extraordinaria del Consejo Económico y Social de la provincia con un único punto en el orden del día, abordar la propuesta de aplicación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana, una medida que se ha saldado con el rechazo mayoritario de los asistentes, a excepción de PSOE, Compromís, Escola Valenciana y los sindicatos UGT y CC.OO, quienes han votado en contra del documento en el que se pide la retirada del impuesto.

         Mazón ha trasladado al término del encuentro que, en este contexto, “estamos en una situación muy difícil para la competitividad del turismo y de la provincia de Alicante y convendría saber qué piensa el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig”, a quien, según ha apostillado el presidente, “le preguntaría públicamente con qué PSOE nos quedamos, si en el mismo día el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer es capaz de decir que es un error la tasa turística y media hora después en la Diputación de Alicante su grupo vota con Compromís exactamente lo contrario”. “Con qué PSOE nos quedamos, con el que quiere la tasa turística o con el que no”, se ha preguntado el presidente.

         El Consejo Económico y Social ha tratado durante más de hora y media el análisis sobre la proposición de Ley para Medidas fiscales de un Turismo Sostenible que se está tramitando en Les Corts y que cuenta con la oposición de buena parte del sector empresarial alicantino, tal como refleja un manifiesto refrendado por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), y defendido hoy por la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, en el que se alerta de los efectos negativos de la tasa.

Según recoge el documento expuesto en la sesión plenaria, y que ha contado con el pronunciamiento favorable de la mayoría de asociaciones y organismos presentes, son más de 2.500 adhesiones desde todas las organizaciones empresariales del sector turístico, autonómico, nacional, profesional, consumidores y trabajadores del colectivo “que estamos en profundo desacuerdo con la proposición de ley”, un término “eufemístico”, de llamar la iniciativa, tal como ha reconocido Montes, en nombre de la patronal hotelera, “como si para impulsar la sostenibilidad hiciera falta un nuevo impuesto”.

         Los integrantes del Consejo Económico y Social, en el que están representados todos los ámbitos de la provincia, se han pronunciado mayoritariamente en contra de esta medida, “porque supondrá un impacto negativo sobre el principal motor económico del territorio”. Según han trasladado los representantes de las entidades que han votado ‘No a la tasa turística’, este impuesto “pretende castigar a las personas que elijan visitar la Comunitat valenciana, penalizando así la actividad hotelera y el alojamiento turístico reglado”, al tiempo que consideran que no se trata de un gravamen municipal y voluntariosino autonómico que se recaudará en todas las localidades y empresas de alojamiento turístico y de cruceros.

         En esta línea se ha manifestado el diputado de Presidencia, Eduardo Dolón, quien ha considerado un despropósito “trasladar a los alcaldes si eligen aplicar la tasa o no en sus municipios”, al tiempo que ha informado a los asistentes de la apreciación del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, al tildar de “error” la medida. Asimismo, el diputado provincial Javier Gutiérrez, ha indicado que este “es un tema de números y no es cierto que su aplicación tenga escasa incidencia para el turista, porque su repercusión es alta”.

Por su parte, Carlos Baño, en representación de la Cámara de Comercio, ha mostrado su rechazo a la tasa “porque la vemos ilógica”, mientras que desde el cuerpo consular de la provincia han puntualizado que “cualquier aumento es fatal para que los turoperadores busquen otros destinos”.

El documento expuesto por la CEV recuerda que la proposición “no nace del Gobierno valenciano, ni de una política turística consensuada, sino de una transacción nocturna de tres diputados de tres partidos -PSPV, Compromís y Podemos- que pretenden hipotecar el futuro del motor económico de la Comunitat Valenciana”.

Según el análisis realizado por la CEV, la implantación de esta tasa implicará una reducción de recaudación de 39 millones de euros y, además, confirma que en aquellas comunidades autónomas que ya se aplica una figura similar los impuestos recaudados se destinan a gasto general, a reducir déficits o a otras partidas ajenas a la actividad turística.

Por su parte, Gerard Fullana, portavoz de Compromís ha lamentado que se trae a valoración este asunto sin haberlo trabajado previamente, al tiempo que ha defendido la aplicación de la tasa, ya que considera que generará más turismo, más gasto, y más capacidad de inversión en políticas sostenibles. Un argumento que comparte el representante de Escola Valenciana, quien ha solicitado informes que complementen el documento presentado por la CEV para llegar a un consenso. Finalmente, desde el PSOE se ha expuesto que el turismo no es el único sector que genera riqueza en la provincia y se ha apostado por llevar a cabo un análisis sereno y fundamentado de esta tasa “que creo que tiene escasa incidencia en la viabilidad empresarial del sector”, ha indicado el diputado Miguel Millana.

Esta sesión extraordinaria ha contado durante la jornada de hoy con la presencia de 25 representantes de UGT, CC.OO., CEV, la Cámara de Comercio, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, colegios de médicos y enfermería de la provincia, FAPA, CONCAPA, ASAJA, Autoridad Portuaria, Federación de Cofradías de Pesca, COCEMFE, COVAPA, cuerpo consular de la provincia, así como otras entidades y organizaciones, de los que 18 han suscrito favorablemente el manifiesto de la CEV contra la tasa, y siete han mostrado su rechazo al texto, en el que se aboga por retirar la iniciativa de tramitación.


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