La Diputación de Alicante informa:
El Grupo Popular presenta una moción en el pleno en la que pide a Pedro Sánchez que cese al titular de Consumo por sus ataques a la ganadería española
- El diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, confirma la puesta en marcha de herramientas para hacer frente a la subida de precios de las materias primas en las obras de la institución
- Aprobado el Plan de Acción de la Agenda 2030 de la Diputación para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Diputación de Alicante ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una moción presentada por el Grupo Popular, que cese de forma inmediata al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus “reiterados ataques” al sector ganadero español. La propuesta, a la que se ha incorporado una enmienda parcial del Grupo Ciudadanos y en la que se reafirma el apoyo de la institución a la industria cárnica, ha sido rechazada por el Grupo Socialista y por el de Compromís.
El diputado de Economía y portavoz de los populares, Eduardo Dolón, ha señalado durante la sesión que “ni la provincia de Alicante ni el conjunto de España se pueden permitir un ministro que, de forma irresponsable, osada e ignorante, pone en riesgo un sector que genera más de dos millones de puestos de trabajo”, en referencia a las declaraciones vertidas por Garzón en el diario británico The Guardian en las que afirmaba, según recuerda la moción, que ‘España exportaba carne de mala calidad procedente de animales maltratados’.
“No podemos tener un ministro en el Gobierno que vaya a un periódico a decir esas cosas”, ha criticado Dolón, quien ha resaltado el peso económico del sector ganadero en la provincia, que aporta más de 50.000 toneladas de carne a través de sus más de 200.000 cabezas de ganado porcino, ovino, caprino y bovino. La moción defendida por el Grupo Popular que lidera Carlos Mazón también solicita al ministro de Agricultura que ‘desmienta inmediatamente las afirmaciones de su compañero de gabinete’ y reclama una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y medidas que contribuyan a su avance en sostenibilidad.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha calificado de “delirante” la situación generada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al cuestionar al sector cárnico español y ha presentado una enmienda a la moción inicial, que ha sido incorporada. En la misma requiere al Gobierno de España a que apruebe, en el plazo de tres meses, un plan integral de ayudas específico para el sector ganadero para mejorar instalaciones y garantizar el bienestar animal e impulsar su promoción y el consumo de sus productos a nivel nacional e internacional. También se ha solicitado en la enmienda que se defienda la contratación laboral familiar y de temporeros en el ámbito agrícola y la flexibilización de las modalidades de contratación de energía en el sector. “Estamos ante un penoso episodio que demuestra que tenemos un ministro que no se entera y que es un peligro para la industria agroalimentaria de este país”, ha señalado Gutiérrez.
La oposición ha votado en contra de la moción a pesar de reconocer la “falta de acierto” del titular de Consumo en sus declaraciones, al tiempo que han criticado la posición del Partido Popular. “Es posible que el ministro debiera haberse expresado de una forma más adecuada y precisa pero no tanto como para montar este debate, que es absurdo e irresponsable” ha indicado el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, mientras que desde las filas socialistas, Toni Francés, quien ha reclamado “más seriedad”, ha respaldado el rechazo del ministro Garzón a las macrogranjas por su efecto en el medio ambiente. “Asumimos lo que ha dicho el ministro de que todas las actividades económicas deben de ser sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y que las macrogranjas son un problema para el propio sector”, ha indicado.
Subida materias primas
Durante el pleno celebrado esta mañana, todos los grupos políticos han respaldado una moción del Grupo Compromís sobre el aumento de los precios de las materias primas y su efecto en las obras que impulsa la Diputación. Fullana ha señalado que este incremento “podría generar un problema” a los planes de obras de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, principalmente, y ha estimado que por valor de 60 millones de euros, por lo que en su propuesta solicita un protocolo para prevenir las consecuencias de la inflación en las obras realizadas o subvencionadas por la institución y que se habilite una partida para paliarlas.
En este sentido, el diputado de Infraestructuras y portavoz del grupo Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha asegurado que “el equipo de Gobierno lleva desde principios de 2021 trabajando para que afecte lo menos posible la inflación de los precios de las materias primas sobre los proyectos subvencionados por la Diputación de Alicante en todos los municipios de la provincia”. Según ha adelantado, ya se están articulando herramientas administrativas y financieras que permitan hacer frente a esta posible situación para garantizar que los planes y convocatorias en vigor se lleven a cabo en plazo y forma y con el estudio de cada caso de forma individualizada. “Una de las medidas tomadas es la inclusión en los proyectos en fase de redacción de los precios actualizados por el Instituto Valenciano de la Edificación”, ha detallado.
Sobre los proyectos redactados, en licitación o adjudicados, Gutiérrez se ha comprometido a “no dejar atrás a ningún ayuntamiento, si en algún caso es necesaria más financiación, se realizará un ajuste en los precios para compensar la subida y se pondrán los medios económicos necesarios para garantizar la ejecución de las obras, eso sí, con un reparto objetivo, equitativo y conforme a Ley”.
A este respecto, ha criticado la Ley de Contratos del sector Público, “muy restrictiva en lo que a la revisión de precios se refiere” y ha abogado por la modificación de la norma para dar más agilidad y flexibilidad a este proceso y por la implicación de la Generalitat para paliar este problema “en la corresponsabilidad que vuelve a ser necesaria para que los proyectos de nuestros pueblos y ciudades se lleven a cabo”.
Agenda 2030
Finalmente, la corporación ha aprobado hoy en sesión plenaria el Plan de Acción de la Agenda 2030 de la Diputación para trabajar durante los próximos años en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La diputada de Proyectos Europeos, María Gómez, ha explicado los trabajos desarrollados hasta la fecha para la puesta en marcha de este plan, que fija como principales políticas las siguientes: Transformación energética y cambio climático; Atención a las Personas; Reto Demográfico y el agua, Desarrollo Sostenible: economía, producción, consumo y gestión de residuos; Protección y Mejora del Patrimonio natural; Administración eficiente y sociedad digital y Empleo, turismo sostenible y protección del patrimonio histórico-cultural.
“El presente plan sienta las bases para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Alicante”, ha indicado Gómez, quien ha apuntado que las políticas se desarrollarán a través de 166 líneas de trabajo, de las que 43 son nuevas, ya que en el resto la institución viene trabajando desde hace años.
El documento aprobado hoy incluye, además, la definición de los indicadores, la estructura de gobernanza, la forma de reforzar y crear las líneas de trabajo alienándolas al presupuesto y la monitorización y evaluación de las cuentas.