Manuel Ibáñez Pascual, portavoz del Grupo Municipal Compromís, al amparo de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 8/2010 de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local Valenciano, presentan la propuesta de resolución que se describe a continuación para su debate y aprobación en la próxima sesión ordinaria del Pleno de la Corporación.
MOCIÓN PARA APOYAR LA RETIRADA DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS LEYES DEL DERECHO CIVIL VALENCIANO
Uno de los principales objetivos de la Ley Orgánica 1/2006, de Reforma del Estatuto de Autonomía, en la que es reconoce a los valencianos la condición de Nacionalidad Histórica, es restablecer la competencia sobre el derecho privado a los valencianos e igualarnos al resto de pueblos españoles no castellanos (navarros, catalanes, vascos, baleares y aragoneses), y acabar con tan injusta discriminación.
Como consecuencia de esta nueva competencia restablecida, Les Corts Valencianes, han aprobado las Leyes siguientes:
-Ley 10/2007, de 20 de marzo, del régimen económico matrimonial valenciano.
-Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares (La Ley valenciana de custodia compartida).
-y la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Todas estas Leyes, fueron objeto de Recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno del Estado.
La reciente STC nº 82 /2016, de 28 de abril, que declara inconstitucional la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, vacía de contenido y de eficacia normativa dos artículos no recurridos del Estatuto de Autonomía, (art. 7.1 y DT 3ª), que en su momento fueron aprobados por les Corts Valencianes y las Cortes Generales de España, sin recurso alguno contra el Estatut. Asimismo la Sentencia del Tribunal Constitucional 110/2016, de 9 de junio ( publicada en el BOE el 15 de julio), vuelve a negar la competencia valenciana en materia de derecho civil y declara inconstitucional los aspectos civiles de la Ley 5/2012, de Uniones de Hecho.
Como se asegura en el voto particular de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional es posible otra interpretación constitucional de l´Estatut d´Autonomia y de sus competencias en materia de derecho civil. Todo parece indicar que, en breve, pueden producirse más pronunciamientos del Tribunal Constitucional determinando la inconstitucionalidad de la Ley 5/2011; En definitiva, la inconstitucionalidad de las normas valencianas de derecho civil previstas en l´Estatut generan graves consecuencias jurídicas y aumento de litigiosidad en ámbitos tan importantes como el régimen económico matrimonial de los valencianos casados entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de mayo de 2016, también en materia de custodia compartida y respecto de las uniones de hecho de parejas valencianas.
El derecho valenciano, posibilita dar una respuesta ágil, moderna y propia a los problemas actuales de los valencianos, y permitir concluir la discriminación que padecemos como pueblo desde hace más de tres siglos después de la abolición de los fueros en 1707, que requiere de forma inaplazable, la retirada por parte del gobierno estatal del recurso de inconstitucionalidad pendiente contra las normas de derecho civil valenciano.
Como es bastante habitual la práctica de retirar recursos de inconstitucionalidad por medio de pactos entre el Gobierno Estatal y el Autonómico, la Comunitat Valenciana ha de recibir el mismo trato que han recibido otras comunidades autónomas para casos similares si no es quiere incurrir en arbitrariedad y trato discriminatorio.
L´ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS (AJV) ha elaborado un Manifiesto, que figura en el documento adjunto, en el que, por los motivos expuestos, se pide la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas de derecho civil valenciano.
Por todo lo anterior, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO: Que el Ayuntamiento se adhiera a al Manifiesto promovido por la ASOCIACIÓN DE JURISTAS VALENCIANOS (AJV), que defiende la competencia estatutaria de la Generalitat Valenciana en materia de Derecho Civil.
SEGUNDO: Enviar la adhesión a:
-Les Corts Valencianes.
-La Presidencia de la Generalitat.
-Las Cortes Generales.
-La Presidencia del Gobierno Español.
Elda, 15 de septiembre de 2016
Fdo. Manuel Ibáñez Pascual
SR. RUBÉN ALFARO BERNABÉ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA
MANIFIESTO POR LA RETIRADA DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS LEYES DE DERECHO CIVIL foral VALENCIANO: Desde 1707, 308 años sin derecho civil valenciano.
Como ASSOCIACIÓ de JURISTES VALENCIANS, nos preocupa que los intereses sociales de los valencianos reciban las mejores respuestas jurídicas. Por eso, desde este foro queremos hacer una crida a favor del Derecho civil valenciano, que reguló las relaciones jurídicas de nuestro pueblo durante siglos, y de la conveniencia e importancia de su desarrollo, porque permite dar una respuesta ágil, moderna y propia a los problemas actuales de los valencianos. También nos ocupa a la AJV la tarea de combatir desde una perspectiva jurídica, y con la ayuda de los medios de comunicación, las actuaciones contrarias al sentir general de los valencianos. Por ello, a falta de pocos días de la conmemoración del 29 de junio, fecha de la abolición de los fueros, creemos que es hora de zanjar de forma definitiva esta discriminación que sufrimos como pueblo desde hace más de tres siglos, pese a la constante reivindicación de varias generaciones de valencianos. Pedimos, pues, la retirada inmediata por parte del gobierno estatal de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas de derecho civil valenciano.
Los hitos de esta discriminación son conocidos: tras la abolición de los fueros en 1707 y los intentos reiterados para su recuperación en el ámbito civil, a instancia de juristas y políticos de diferentes épocas e ideologías, por fin el Estatuto de Autonomía de 2006, que reconoce la categoría de Nacionalidad Histórica al pueblo valenciano, asume la importancia del derecho civil foral valenciano dentro del ámbito competencial de la Generalitat, y restablece plenamente la competencia que sobre este derecho estuvo vigente en el Reino cristiano de Valencia desde el siglo XIII. Así, el artículo 49-1º-2ª consagra la competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana para la conservación, desarrollo y modificación del Derecho Foral Civil Valenciano. En el ejercicio de esa competencia exclusiva, la Generalitat aprobó normas de amplia demanda social, como la Ley del régimen económico matrimonial valenciano (2007), la Ley de custodia compartida (2011), la Ley de Uniones de Hecho (2012) y la Ley de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias (2013). Tres de estas cuatro leyes están actualmente recurridas por el Estado central ante el Tribunal Constitucional. Y, en algún caso, como en el de la Ley de régimen económico matrimonial, tras un comportamiento abiertamente desleal y despreciativo durante las negociaciones para la retirada del recurso.
En definitiva, el texto estatutario vigente señala al derecho civil foral como uno de los elementos identitarios de los valencianos, en la línea de otros estatutos como los de Aragón o Cataluña. Pero, como ha ocurrido en tantas ocasiones a lo largo de nuestra historia, desde Madrid se imponen cortapisas a nuestro autogobierno, y ello pese a que el artículo 7 obliga a la Generalitat a que la reintegración del derecho civil foral sea un principio rector de la actuación del Consell y de Les Corts, en línea con lo previsto en el propio Preámbulo del Estatut. En una carta reciente, el rey Felipe VI aseguraba, refiriéndose al decreto de abolición de 1707, que cualquier legalidad establecida en el pasado, que pudiera tener un sentido discriminatorio o limitador del autogobierno valenciano, ha sido, sin duda alguna, superada por la Constitución y el Estatuto de Autonomía Valenciano. Con la retirada de los mencionados recursos, se podría corregir esa legalidad discriminatoria, que ya dura 308 años.
En definitiva: manos a la obra. Es imprescindible para evitar injustos tratamientos contrarios al principio de igualdad, la retirada, vía desistimiento, de los discriminatorios recursos de inconstitucionalidad planteados por el Estado central, porque, en definitiva, lo que se cuestiona con esos recursos es la propia existencia del derecho civil foral valenciano, y con ello, la potestad de dar una solución propia a nuestros problemas actuales. Porque los valencianos tenemos que ser conscientes de lo que suponen estos recursos planteados ante el Tribunal Constitucional por el Estado: un ataque a nuestra voluntad de dar solución en el ámbito del derecho privado a algunos de los problemas y retos que se nos plantean por el hecho de ser una sociedad moderna. Así, desde el año 2008, miles de parejas valencianas se han casado en separación de bienes; y hemos optado por la custodia compartida de padres y madres de los hijos en caso de separación, tal y como han hecho Navarra, Aragón, Euskadi y Cataluña, y como parece que también va a hacer el Parlamento para el resto de España (siguiendo, por cierto, el modelo valenciano).
PROU! Creemos que es hora de que el Gobierno estatal retire sin perder más tiempo los recursos de inconstitucionalidad planteados; ha llegado el momento de afianzar el desarrollo legislativo de nuestro derecho civil. No sólo eso: pedimos la adhesión social a esta iniciativa a través de una campaña que se iniciará formalmente el próximo 29 de junio, fecha en que -recordemos- se derogó nuestro derecho civil, se eliminaron nuestras instituciones propias (les Corts, la Diputació del General
), se desmembró del territorio valenciano la histórica Cabdet, y se instauraron normas completamente ajenas a los valencianos por justo derecho de conquista.
Por dignidad de todos los valencianos, solicitamos la retirada inmediata de los recursos de inconstitucionalidad.
Para apoyar este manifiesto y consultar la lista de adheridos entre en la web www.ajv-val.org