Mañana viernes 17 de octubre a las 12 de la mañana tendrá lugar una reunión entre una delegación las Comisiones de Vivienda Social de las PAH de la provincia y Juan Grau, responsable de EIGE Alicante ( Entidad de infraestructura de Generalitat Valenciana), antiguo IVVSA.
Este reunión será la segunda que se tiene con la entidad que debería velar por derechos y necesidades básicas en materia de vivienda de la población más vulnerable y en riesgo de exclusión. Por el contrario, se ha convertido, en la práctica, en una empresa privada con intereses mercantiles y por tanto que busca el beneficio a costa del sufrimiento de las familias con menos recursos.
En la primera reunión, realizada al inicio del verano, se acordó entre las dos partes que la PAH redactaría un protocolo de compromisos entre EIGE y las familias afectadas para abordar con unos criterios comunes todos los casos en la provincia y para que EIGE intercediese con las empresas locales, como EMUDESA, que operan sin control ni transparencia en los municipios. Desde que se envió este documento, no hemos tendido noticias por parte de la entidad. Paralelamente a la convocatoria de la reunión se ha hecho llegar por correo un listado de 14 casos de urgencia en la provincia de los cuales 13 son de Elda y Petrer para que se revisen y se de una alternativa.
En nuestro trabajo de indagación nos hemos encontrado con que existen irregularidades y arbitrariedades en los contratos de compraventa de IVVSA/EIGE, en los cuales se han detectado clausulas abusivas. Se les aplican intereses de demora, se les penaliza con porcentajes abusivos en las cuotas, etc, que ni si quiera se ve en los contratos con las entidades bancarias, cuando estamos hablando de un recurso publico que no debe lucrarse con las familias mas desfavorecidas. Asimismo nos encontramos con familias con contratos de alquiler que, a consecuencia de la crisis, han generado una deuda y corren grave peligro de ser desalojados vía administrativa después, claro está, de ser largamente acosadas vía requerimientos. También hay familias que han ocupado casas de EIGE por la situación social y que se las trata como delincuentes en vez de reconocer en esa acción desesperada, la denuncia de una realidad: que no se está dando solución adecuada a la emergencia habitacional. Además habría que añadir a las familias en la lista de espera que, al perder su casa por ejecución/dación, y no conseguir un alquiler social del banco, necesitan una alternativa.
Pero aquí no acaban las irregularidades. EIGE está incumpliendo con sus responsabilidad como propietaria de muchas de las viviendas no haciéndose cargo del mantenimiento de las mismas con la excusa de que las familias no están cumpliendo con sus obligaciones, consciente de que no lo hacen porque no pueden. Tiene muchas viviendas vacías y no son rehabilitadas al mismo tiempo queno está poniendo en marcha planes para la adquisición de vivienda pública para poder hacer frente a las necesidades de la población en lista de espera.
Es una hipocresía que se anuncie a bombo y platillo la adjudicación de 2 vivienda sociales en Petrer y que luego el Ayto se despreocupe de la condiciones que se le impone por parte de otra administración a esas familias.
La situación de emergencia social y habitacional en la que nos encontramos requiere de esfuerzos y voluntad por parte de los poderes y las entidades públicas para afrontar los retos, adaptarse a la nueva situación surgida de la crisis, garantizar a la ciudadanía sus derechos y cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable y en riesgo de exclusión. Es por ello que se necesitan tomar decisiones valientes en tiempos de urgencia. Esperemos salir de esta reunión con un compromiso claro de EIGE en esta dirección.
Os adjuntamos el documento de compromisos.
Sergi Cremades
Comisión Vivienda Social de la PAH Elda/Petrer