El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en su artículo 15, señala que con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los términos previstos en la ley.
Por este motivo, el Conseller de Bienestar Social, Juan Gabriel Cotino Ferrer y la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, han firmado un convenio a través del cual la localidad de Ibi tendrá la consideración de entidad colaboradora de la Generalitat, para la entrega de distribución a los beneficiarios de fondos públicos en concepto de Renta Garantizada de Ciudadanía, con arreglo a los requisitos y condiciones que se fijen para tal distribución.
El objetivo de la Renta Garantizada de Ciudadanía es reforzar el modelo social en la Comunitat Valenciana y conseguir un nivel suficiente de bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas que venga a garantizar las condiciones mínimas necesarias para la existencia de una igualdad en su sentido material, más allá de las meras declaraciones de derechos.
Se trata del derecho a una prestación económica gestionada por la red pública de servicios sociales, vinculada al compromiso de los destinatarios de promover de modo activo su inserción sociolaboral y cuya finalidad es prestar un apoyo económico que permita favorecer la inserción sociolaboral tanto de las personas que carezcan de recursos suficientes para mantener un adecuado bienestar personal y familiar, como de las mujeres embarazadas que carezcan de recursos económicos y soporte familiar, considerando asimismo los supuestos especiales de difícil reinserción social o laboral.