A pesar de haber anunciado que en el pleno del 24 de julio se sometería a debate el proyecto de urbanización del Alamí, como corresponde a un instrumento de gestión y desarrollo urbanístico fundamental de municipio (350.000.- m2 y más de 1000 viviendas), el Grupo Popular Municipal aprobó en solitario, en la Junta de Gobierno Local, el mismo 24 de julio el proyecto urbanístico de viviendas más importante de la historia de Ibi.
Lo anterior, tuvo lugar sin previa comunicación a los portavoces del resto de grupos políticos, a pesar de haber mantenido Junta de portavoces previa al Pleno. Ante esta nueva falta de respeto a la esencia de participación democrática y al debate en el máximo órgano decisorio de la vida municipal, los grupos de la oposición nos hemos visto obligados a solicitar, con la máxima urgencia, la convocatoria de un Pleno extraordinario para debatir la revocación de este acuerdo ya que, a nuestro modo de ver, no solamente vulnera las reglas de juego democrático, sino también la legalidad.
Para nosotros, lo anterior no hace más que añadirse al cúmulo de sombras, actuaciones poco transparentes, irregularidades y despropósitos que sobre esta urbanización, ya aparejada al nombre del PP, se están produciendo y que no hace más que crear más alarma social en una ciudadanía que no entiende por qué no se quieren llevar a Pleno las cuestiones más importantes, sobre todo, cuando se trata de urbanismo.
Viene esto a añadirse a las graves deficiencias anteriores como han sido: los errores de puntuación en el informe municipal para adjudicar en su día a Generala, el Propio informe del Síndic de Greuges recomendando la revocación de la adjudicación de agente urbanizador y los numerosos contenciosos administrativos presentados. Por lo cual igualmente se solicita la revocación de la condición de Agente Urbanizador en aras a evitar mayores perjuicios y garantizar la máxima transparencia en temas de desarrollo urbanístico como en todos los demás. Nada puede justificar, ni amparar, ni explicar al pueblo de Ibi por qué el PP quiere evitar que se discuta y se vote en el máximo órgano de representación municipal un proyecto de 17 millones de euros.