El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibi, Miguel Ángel Agüera y el concejal de urbanismo, José Campoy, presentan en rueda de prensa nuevos informes sobre la urbanización de El Alamí, despejando de esta manera las dudas que han estado creando PSOE, ADIi y EU respecto a la adjudicación de la urbanización a la empresa La Generala.
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Comenzaba la rueda de prensa José Campoy poniendo de nuevo en situación el tema y recordaba cuando la oposición, formada por dichos partidos, solicitaba de manera urgente un Pleno extraordinario con la intención de revocar la urbanización de la zona a la empresa La Generala, a la cual se la había asignado por unanimidad en pleno de todos los partidos en noviembre de 2004.
En el pleno extraordinario, el equipo de gobierno tan sólo advirtió a PSOE, ADIi y EU de la ilegalidad de su actuación ante un proyecto ya asignado, pero la oposición insistió en sus dudas, tomándolo más que como una advertencia como una amenaza. Así, solocitaron un nuevo informe a los técnicos del Ayuntamiento buscando nuevas vias para revocar el proyecto a la empresa asiganada para tal fin.
Con todo esto, el concejal de urbanismo presenta ante los medios un informe en el que el técnico municipal explia lo siguiente: en base a cuanto antecede, el técnico que suscribe no le consta hasta la fecha, la existencia de incumplimiento por parte del Agente Urbanizador de sus obligaciones, que constituya una justificación inapelable de la resolución del convenio.
Ante esta afirmación, inesperada por la oposición, piden retirar del orden del día este punto y afirman no tener todavía toda la infomación necesaria, poniendo así en tela de juicio los informes que desde el Ayuntamiento realizan los propios técnicos y que ellos mismo habian pedido anteriormente.
Otra cuestión que comenta el concejal de urbanismo es la polémica creada a cerca del precio del suelo por metro cuadrado en la zona de El Alamí. De esta manera, presenta una relación de precios por metro cuadrado en distintas zonas de la población en la que se comprueba que los 180 euros por m2 de la zona a urbanizar está justo en la media en la lista, puesto que hay zonas en Ibi en las que el precio llega a ascender a 272 euros por m2. Además, constata la gran demanda que puede tener la zona de El Alamí , ya que es ,sin duda, una de las mejores zonas de la localidad.
En cuanto al presupuesto del proyecto, Campoy insiste en que si son 14 millones de euros lo presupuestado y La Generala gastara 17 millones, la misma empresa pagaría la diferencia entre el precio asignado y el definitivo, sin que puede repercutir el exceso en los propietarios.
Agüera, afirma en su intervención que, la oposición ha puesto en duda la figura de Fernando Román, asesor externo del Ayuntamiento e hijo del que fue asesor del POSE en Ibi durante muchos años. Así explica que, Román tiene cocedida la compatibilidad de su trabajo como Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Alicante con el de asesor externo del Ayuntamiento de Ibi.
Miguel Ángel Agüera recuerda además que pidió en aquel pleno extraordinario que fuese la oposición que lo habia convocado quien votase únicamente por revocar a La Generala su condición de empresa urbanizadora de El Alamí, sin embargo, hecharon marcha atrás inmediatamente puesto que sabian las consecuecias catastróficas que ello les causaría.
El primer teniente de alcalde finaliza su intervención presentando públicamente un informe solicitado por algunos propietarios de los terrenos en el que el Defensor del Pueblo, D. Enrique Mújica, constata lo siguiente: …la actuación de este Ayuntamiento a la hora de acordar la elección de la alternativa técnica más adecuada a los intereses públicos y de la empresa urbanizadora que desarrollará el sector P-R 27/28/29/30 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, no resulta objetable en la medida en que dicha elección parece haber respondido a consideraciones de carácter objetivo y técnico, sin que haya podido apreciarse la indefensión que denunciaba la Agrupación de Interés Urbanístico.
Instan finalmente a que la oposición dé marcha atrás en sus falsas acusaciones y a que declaren públicamente su error.