El Ayuntamiento de Ibi ha recibido la sentencia favorable emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la provincia de Alicante en relación al recurso interpuesto por la empresa ANCON LEVANTE, S.L para recurrir la desestimación de la Alcaldía a la permanencia de la valla de la Finca Santa María.
Los hechos se remontan al 23 de julio del año 2006, cuando la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, decretó la paralización de las obras de la citada finca, debido a que se estaban ejecutando acciones de vallado de la parcela sin la correspondiente licencia urbanística, constituyendo, de esta forma, una infracción del ordenamiento urbanístico al carecer de la licencia municipal pertinente.
A estos hechos, hay que añadir que dichas obras incumplen los límites fijados en el Plan General de Ordenación Urbana y además, los terrenos se encuentran enclavados dentro de la zona de afección del Parque Natural de la Font Roja, careciendo al mismo tiempo de la correspondiente autorización por parte de Conselleria y del Servicio de Carreteras, cuyos miembros notificaron en su día a los propietarios de la finca la obligación de eliminar el vallado, por no contar con la autorización pertinente.
Ante este decreto de paralización inmediata de las obras de vallado, el propietario de la finca, interpuso un recurso contra el mismo, siendo desestimado de forma inmediata por la Alcaldía local. Ante este hecho, el dueño de la finca se dirigió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para establecer un recurso contra dicha desestimación.
A día de hoy, el consistorio local ha recibido una sentencia favorable por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Alicante a favor del Ayuntamiento, de forma que declara inadmisible dicho recurso.
De manera que, siendo comprobado por Técnicos Urbanísticos Municipales y diversos miembros de la Policía Local que la mencionada valla sigue instalada, el Ayuntamiento de Ibi exige la retirada de la misma en un plazo inmediato. Si, tras el agotamiento de dicho periodo de tiempo, no se ha procedido a retirar el vallado en cuestión, el mismo Ayuntamiento procederá a retirarla implacablemente, corriendo el propietario con el coste económico derivado de la actuación.
Mayte Parra ha afirmado, tras conocer la sentencia, que la justicia nos ha dado la razón, una vez más, y con esto reiteramos nuestra firme defensa por el medio medio ambiente, que tan importante es para nosotros, de manera que no vamos a tolerar ningún daño o ataque sobre nuestro entorno, asegurándonos que llevar a los infractores ante la ley.