Sepes, Entidad Estatal de Suelo, organismo dependiente del Ministerio de Vivienda, ha requerido hoy a la empresa que realiza las obras del PAI Walaig para que cese voluntariamente esos trabajos en aplicación de la sentencia que anula la adjudicación de las obras y el propio plan. El objetivo es evitar que la continuación de los trabajos llegue a causar daños a terceros que pudieran reclamar al Ayuntamiento de Monforte del Cid compensaciones económicas por el incumplimiento de la mencionada decisión judicial.
Una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana diese la razón a Sepes en el litigio que mantiene con el consistorio de Monforte del Cid sobre la actuación Walaig, el director general de la Entidad, Félix Arias, ha invitado a la alcaldesa del municipio, Antonia Cervera, a una reunión para estudiar conjuntamente una solución que respete la legalidad y no perjudique a los empresarios e industriales que quieren desarrollar su actividad en la zona.
En días pasados, Sepes ya había advertido de las responsabilidades en las que puede incurrir tanto el Ayuntamiento como la empresa constructora si no acatan la sentencia. Las obras deben parar por el bien de todos, aseguró Arias, el ayuntamiento no puede escudarse en la actual coyuntura económica para actuar ilegalmente ya que todos los entes públicos estamos obligados a respetar la ley para evitar dilaciones y daños a terceros, tal como ha ocurrido repetidamente en este caso. La inseguridad jurídica y la imposibilidad de escriturar serían algunos de los problemas con que se encontrarían los empresarios interesados en instalarse en Walaig.
Las distintas sentencias sobre el asunto (hasta un total de tres) han declarado nulo y sin efecto, el acto administrativo de adjudicación de las obras. Por lo tanto, para solucionar la actual situación no basta la mera publicación en el BOE de la Resolución por la que se adjudicaban estos trabajos, tal como se ha venido manifestando de manera reiterada desde el ente municipal.
Félix Arias insiste en que la voluntad de Sepes es buscar una solución en el marco legal de la sentencia, que es firme y que no admite recurso.
Antecedentes
En este mismo sentido, es necesario recordar que los juzgados de lo contencioso también han anulado, por considerarlos contrarios a Derecho, los dos acuerdos municipales que pretendieron dejar sin efecto, de manera unilateral, el Convenio firmado en su día para la realización de la actuación por parte de Sepes -sentencia que ha sido recurrida por el ayuntamiento- lo que obliga aún más a buscar un entendimiento satisfactorio entre las partes.
En 2001, fue Sepes la que, de acuerdo con el Ayuntamiento de la localidad, propuso el desarrollo de la actuación (sobre terrenos que en casi su totalidad eran propiedad del Estado) en un proceso que terminó en 2003 con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo. Pero en 2004, el Ayuntamiento ignoró los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de las obras, iniciando unilateralmente un proceso urbanístico que, como han venido señalando todas las instancias judiciales, no se ajustó a derecho.