El Ayuntamiento de Mutxamel ha presentado en pleno el Plan Económico Financiero 2026-2027 tras detectarse un incumplimiento formal de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio 2025. Desde el equipo de gobierno se insiste en que se trata de una cuestión técnica y no de un problema de solvencia económica.
El consistorio cuenta actualmente con una situación financiera sólida, con más de 10,6 millones de euros en tesorería, sin deuda pública y con un periodo medio de pago a proveedores dentro de los límites legales, según recoge el propio informe de Intervención municipal.
La concejala de Hacienda, Felicia Aracil, ha explicado que este incumplimiento “no responde a una situación de desequilibrio presupuestario, sino al sistema de cálculo establecido en la normativa estatal y a factores coyunturales”.
En relación con la regla de gasto, el equipo de gobierno señala que el desajuste se debe a un efecto estadístico derivado de la baja ejecución en ejercicios anteriores, lo que provoca que el incremento posterior del gasto supere los límites fijados sin que exista un aumento real del gasto estructural.
El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha defendido que el Ayuntamiento se encuentra en una situación económica “más que positiva”, destacando que no existe deuda y que la tesorería permite afrontar inversiones sin recurrir al endeudamiento.
Sin embargo, ha criticado que la normativa estatal limita el uso del remanente disponible: “tenemos recursos, pero no podemos utilizarlos con la flexibilidad necesaria para invertir en mejoras o acelerar proyectos”, ha señalado.
En este sentido, el primer edil ha considerado que las reglas fiscales actuales “penalizan a los ayuntamientos que han gestionado con responsabilidad”, generando una situación en la que, según ha dicho, se dispone de fondos pero no de margen suficiente para su ejecución.
El Plan Económico Financiero contempla medidas para corregir este desajuste en los ejercicios 2026 y 2027, centradas en la mejora de la gestión presupuestaria y la optimización de recursos.
El equipo de gobierno ha subrayado además que no se prevé ninguna subida de impuestos, apostando por reforzar la eficiencia en la recaudación, la planificación de inversiones y el control del gasto, sin afectar a la prestación de servicios públicos.
Este plan deberá ser aprobado en un próximo pleno antes de su remisión a la Generalitat Valenciana como órgano de tutela financiera.
Tanto el Ayuntamiento como la Intervención municipal coinciden en que se trata de un incumplimiento de carácter técnico y coyuntural, derivado principalmente de criterios metodológicos de cálculo y no de un problema estructural.
“No estamos ante un problema económico, sino ante una obligación legal derivada de la aplicación de las reglas fiscales”, ha concluido el alcalde.
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