Petrer, 29 de junio de 2011.- El concejal portavoz del equipo de Gobierno, José Miguel Payá, se ha referido al desalojo de las casas-cueva que tuvo lugar ayer a medio día en el casco histórico de Petrer. Payá ha afirmado con rotundidad que el desalojo se realizó atendiendo una orden judicial. Algunos vecinos han tergiversado este hecho asegurando que no existía orden del juez y que el desalojo era ilegal, pero eso que dicen es totalmente falso. El juez tras recibir los informes técnicos que avisaban de los peligros de derrumbe ordenó el desalojo de 21 casas-cueva.
Payá ha reiterado que la intención del Ayuntamiento es evitar una desgracia irreversible, ya que lo que prima es la seguridad de las personas y no podemos permitir que la gente viva dentro de unas casas-cueva con riesgo de derrumbe. El portavoz ha aclarado que los informes técnicos provisionales aconsejan el desalojo por seguridad, hasta que en septiembre se conozcan los resultados definitivos del informe encargado a la Universidad de Alicante, en donde se determinarán que ha causado el derrumbe e algunas casas-cueva.
El equipo de Gobierno reitera su compromiso con los vecinos, y asegura que nos mantendremos a su lado mientras no se esclarezcan las causas de los derrumbes. Por ello mantenemos las ayudas de 250 de alquiler para la gente desalojada y sin recursos, así como las reuniones con los vecinos y visitas a las casas afectadas. No olvidemos que el Ayuntamiento encargó hace unos meses un informe geotécnico a la Universidad de Alicante por valor de 40.000 euros para determinar las causas reales de los derrumbes.
Finalmente, ha declarado que no solo se trata de un apoyo temporal, si no que se están buscando soluciones permanentes, ya que incluso nos hemos reunido con organismos supramunicipales para conocer las posibles ayudas o subvenciones para arreglar la zona una vez determinadas las causas.