El equipo de gobierno municipal ha expresado su rechazo absoluto a la aprobación de la modificación de la actual Ley de Salud Sexual y reproductiva por parte del Congreso de los Diputados sin debate alguno y con los únicos votos favorables del Partido Popular, dándose el caso de que, incluso dentro de esta formación política, diez de sus integrantes o se abstuvieron en la votación, o no votaron.
En palabras de Pura Díaz Vera, concejala de Igualdad, el objetivo de este trámite parlamentario es únicamente el de que esta modificación pueda ser aprobada en el Senado en breves fechas para que entre en vigor en septiembre y así contentar a parte de su electorado y a ciertos sectores sociales sensibles a la temática.
Ha añadido que la modificación aprobada ahora en el Congreso afecta al artículo 13 de la denominada Ley del aborto pasando a ser obligatoria la autorización paterna o materna para que las menores puedan abortar señalando que con esta modificación las menores embarazadas que pertenezcan a familias desestructuradas, en riesgo de exclusión o en instituciones son las que más dificultades van a tener para poder llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo aumentando de esta manera potencialmente su riesgo de exclusión social.
Ha justificado la oposición del equipo de gobierno a esta modificación legal en el hecho de que actualmente el número de menores que abortan es inferior al resto de mujeres en otros tramos de edad y que de los datos recibidos por las clínicas privadas autorizadas, en las que se llevan a cabo el 90% de los abortos, de un total de 25.394 abortos realizados, 913 correspondieron a menores y de éstos sólo se dieron 110 casos en que las menores no dispusieron del consentimiento de la familia, aclarando que, sin embargo, tal y como preceptúa el actual artículo 13 de la ley en vigor sí se dio cumplida información a la familia a diferencia de lo que, en su opinión, quiere transmitir el gobierno del PP ante la opinión pública.
Ha añadido que esta modificación legal criminaliza a las menores más vulnerables y que un tema tan delicado como éste no puede estar dependiendo de la voluntad del gobierno de turno demostrándose, una vez más, que no es la mujer sino el legislador hombre el que decide quién puede o no abortar.
Por último, ha querido manifestar que el equipo de gobierno considera esta modificación del articulado de la denominada ley del aborto como injusta y que a falta de aprobar una nueva ley consensuada y basada en un gran debate social se debe mantener la ley actual, además de expresar su rechazo a estas leyes aprobadas de espaldas a la sociedad.
Fuente: www.diarioelcarrer.es
Video: Intercomarcal TV