Solicitamos su rechazo por la opacidad en su negociación y porque acarreará graves perjuicios a las empresas locales que deberán competir en desventaja con las multinacionales norteamericanas.
Este tratado acarreará graves perjuicios a las empresas locales que deberán competir en desventaja con las multinacionales norteamericanas. Pero hay otro aspecto de los que han trascendido que puede acarrear graves perjuicios a los gobiernos locales, autonómicos y estatales pues, otra de las demandas claves de las patronales en todas las negaciones comerciales ha sido garantizar que la compra y contratación pública (contratos de gobiernos locales, autonómicos, estatales) sean abiertos a la competición global, contradictoriamente a los recientes programas económicos del Gobierno que pretendían favorecer contratos con pequeñas empresas locales frente a las empresas multinacionales como una vía de apoyar las economías locales para recuperarse de la crisis financiera, poniendo en riesgo los criterios de apoyo a la compra local o los avances que se puedan realizar en materia de cláusula social o compra ética.
A este respecto, recordamos que en el pleno del pasado septiembre, se aprobó nuestra moción Contratación pública sostenible, que solicitaba la creación en el Ayuntamiento de un grupo de trabajo que valore la inclusión de posibles parámetros de sostenibilidad en la contratación administrativa, atendiendo a la mejor oferta en su conjunto, teniendo en cuenta criterios sociales, ambientales y éticos, adecuándose al Plan de ajuste aprobado, estabilidad presupuestaria y resto de normativa y compromisos asumidos por el Ayuntamiento.
Lamentablemente el equipo de gobierno del PP no cumple con los acuerdos aprobados en Pleno, ya que hasta la fecha no ha realizado ninguna gestión para que ese grupo de trabajo exista.
Desde verano de 2013, la Comisión Europea está negociando con la administración estadounidense y el lobby empresarial, sobre el Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP), a espaldas de la ciudadanía. Hay un tratado similar, listo para ser ratificado pronto, entre la Unión Europea y Canadá, el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA).
Si, como está previsto por la administración de la Unión Europea y Estados Unidos, el TTIP se firma en 2015, pondrá en peligro logros democráticos esenciales como las normas, reglamentos y estándares sobre la seguridad de los productos alimentarios y de consumo, protección del medio ambiente, biotecnología y gestión de productos químicos tóxicos, servicios financieros y regulación bancaria, regulación soberana de los servicios, términos de patentes farmacéuticas, derechos laborales y democráticos y muchas más áreas de política pública.
El CETA y el TTIP también contendrán la llamada «solución de controversias entre inversores y Estados» (ISDS) que otorga a las empresas extranjeras el derecho a llevar a los tribunales privados de corporaciones, los casos que consideren que reducen el valor de sus inversiones, desafiando directamente las políticas y acciones de los gobiernos. Tal instrumento anula el sistema judicial en el área económica y sólo privilegia los intereses de corporaciones y mercados financieros así como la globalización neoliberal.
GRUPO MUNICIPAL ESQUERA UNIDA-IZQUIERDA UNIDA PETRER