Estas últimas semanas, coincidiendo con el inicio del año, se han aprobado por Junta de Gobierno muchos de los contratos de concesión, suministros y de servicios públicos externalizados que tiene el Ayuntamiento gestionados por empresas privadas. No es una casualidad que de manera paulatina en estos 30 años se hayan privatizado servicios esenciales como por ejemplo la gestión de residuos. Esto sabemos que obedece al interés de las grandes empresas que ven en las contratas un suculento negocio al margen de la inestabilidad de mercado. Pero también sabemos que los servicios externalizados a medio plazo salen más caros a las arcas públicas al mismo tiempo que la administración pública pierde el control sobre ellos. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 150 sigue priorizando y aplicando la oferta económicamente más ventajosa.
Este criterio que a simple vista parecer justo, limita la posibilidad de realizar mejoras técnicas no cuantificables económicamente pero que a medio plazo pasan factura. Ya que las empresas tienden a buscar su
beneficio, defienden su interés particular, que en muchos caso no coincide con los intereses generales de la ciudadanía.
En nuestro municipio no se incluye ninguna clausula para asegurar los derechos laborales de los y las trabajadoras de la empresa contratada; no se dan facilidades de acceso a puestos de trabajos para sectores desfavorecidos como las personas en exclusión social, movilidad reducida o mujeres maltratadas, no premia a las empresas o cooperativas de promoción social y no se obedece a criterio o factores medioambientales en la contratación.
Los servicios públicos municipales son la garantía de que se sirve al interés general y no a los intereses económicos privados. Nos consta que parte del equipo de gobierno comparte estas medidas que llevamos en nuestro programa electoral. Por este motivo instamos desde Sí-Podem al tripartito a acelerar la puesta en marcha de mecanismos de remunicipalización de algunos de estos servicios e introducir medidas y clausulas sociales en los contratos cuando no haya más remedio que recurrir a la contratación pública. En este sentido nos encontrarán a su lado y tendrán todo nuestro apoyo propositivo.
No es una propuesta aislada y sin concreción recordamos que ya hay muchos municipios en el estado que están iniciando estos procesos de remunicipalización y aplicando clausulas sociales y laborales como es el caso del ayuntamiento de Parla en Madrid, ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz o Córdoba, o grande urbes como Madrid o Barcelona. Sin ir más lejos recientemente el alcalde de Elda ha anunciado que se unirá a estas propuestas.
Sobre Radio Petrer, S.L.
Nos alegramos de que al final se haya escuchado a los trabajadores de la empresa y que nadie vaya a ser despedido. Ahora necesitamos que exista un PLAN INTEGRAL DE
COMUNICACIÓN para la radio y el Carrer.