En la tarde-noche de ayer tenía lugar en el salón de sesiones del consistorio municipal el pleno ordinario correspondiente al mes de enero. Un pleno que dio comienzo con la lectura, por parte de la concejala de Esquerra Unida, Pura Díaz, de un manifiesto en el que se denuncia la violencia machista junto a la relación de las mujeres asesinadas durante el mes y el habitual minuto de silencio en memoria de estas víctimas de violencia de género, siguiendo a ello la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior para, posteriormente, dar a conocer el secretario municipal los informes y correspondencia.
A continuación, se aprobó por unanimidad en el apartado de Urbanismo una modificación de la ordenanza municipal sobre Antenas de Telefonía, Radio y Televisión con el fin de evitar molestias a los vecinos y el impacto visual que supone la instalación de antenas de mucha altura en los edificios.
En este apartado intervino Sergi Cremades de Sí-Podem manifestando si no sería necesario centralizar este servicio a través de un solo operador además de advertir de los posibles peligros potenciales para la salud de las personas.
En el apartado de Desarrollo Económico se aprobó por unanimidad el convenio para prácticas no laborales firmado con el SERVEF lo que supone que jóvenes de entre 18 y 25 años, en su periodo de formación educativa, puedan realizar prácticas remuneradas mediantes becas que oferta el Ayuntamiento petrerí.
En referencia a Bienestar Social se aprobó también por unanimidad la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14-01-2016 de adhesión a los acuerdos de colaboración para evitar la suspensión del suministro de energía a causa de la pobreza energética.
El concejal de Servicios Sociales, Javier Martínez, explicaba al respecto que la adhesión viene motivada por el hecho de no perder esa línea de ayudas aunque aclaró que, en la actualidad, el Ayuntamiento petrerí ya cubre las necesidades de las familias necesitadas en materia de alquiler de vivienda social y pago de facturas de luz, agua y gas.
A continuación, en Servicios Generales, se aprobó, con el voto favorable de todos los grupos políticos, la ampliación del contrato suscrito con Brocamar Limpiezas S.L. para la prestación de servicios de limpieza en edificios municipales como el Centro de Día o la Biblioteca Pública Enrique Amat y en instalaciones deportivas.
Esta ampliación va a suponer el incremento en el servicio de limpieza del Centro de Día y de la biblioteca municipal de 2 a 3 horas, así como de dos horas más los sábados en el campo de El Barxell, y de hora y media los domingos en el polideportivo municipal.
En lo que respecta a Hacienda Municipal, se sometió a su aprobación la encomienda de gestión de la mercantil Radio Petrer. Emisora de Frecuencia Modulada S.L por una cuantía de 188.350 euros.
Era la concejala de Medios de Comunicación, Conso Freire, la que daba a conocer en el pleno que la encomienda de gestión que se sometía a su aprobación iba a tener las mismas características que la del año anterior especificando que la periodicidad del semanario municipal de información El Carrer iba a pasar de semanal a quincenal al tiempo que se iba a potenciar la página web del medio: diarioelcarrer.es
Esta información provocó la respuesta del concejal del Partido Popular, Fermín García, solicitando aclaraciones al respecto puesto que el voto favorable de su partido podía cambiar al no ser fiel reflejo lo manifestado por la concejala del área con lo dado a conocer en una reunión previa.
En su turno de réplica, la concejala aclaró al respecto que la periodicidad de publicación del semanario El Carrer estaría en función de una serie de parámetros aún por definir pero que en la encomienda de gestión no se determinaba expresamente si tendría carácter mensual, quincenal o semanal.
A continuación, era el concejal de Hacienda, Ramón Poveda, el que tomaba el uso de la palabra para señalar que no había ninguna decisión al respecto, ya que se estaba en negociaciones con los trabajadores, y que lo que se planteaba era la aprobación de la encomienda para que los trabajadores del medio pudieran cobrar su nómina.
Tras reiterar el Partido Popular, en boca de Fermín García, su malestar por la forma en que se había llevado el asunto, la propuesta fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos excepto Ciudadanos que se abstuvo.
Precisamente, sobre este asunto, su portavoz, Víctor Sales, explicaba al término del pleno los motivos que le llevaron a emitir un voto de abstención indicando que se vieron sorprendidos porque la información ofrecida por la concejala de Medios en el pleno, Conso Freire, no era fiel reflejo de lo que previamente se había hablado con todos los grupos municipales.
Posteriormente, y siguiendo con la sesión plenaria, se aprobó con el voto favorable de todos los partidos, excepto Ciudadanos que se abstuvo, la delegación a la Diputación Provincial de Alicante, a través del organismo SUMA, de las facultades atribuidas al Ayuntamiento en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido popularmente como plusvalía.
El concejal de Hacienda justificaba tal decisión en el hecho de que el 85% de las poblaciones de la provincia tienen delegado en tal organismo provincial la recaudación de este impuesto y que, para las arcas del Ayuntamiento, resulta la menos gravosa de las fórmulas.
Siguió el pleno con el apartado de Ayuntamiento en el que, en un primer momento, fue retirada la moción del grupo municipal Sí-Podem relativa a la constitución de una Comisión de Vivienda, para ser posteriormente presentada en el apartado de Despachos Extraordinarios como acuerdo de todos los grupos municipales.
Tras ello fue el turno de debate de la moción conjunta de los grupos municipales del PSOE, Esquerra Unida del País Valencià y Compromís para pedir la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local o, en su defecto, la devolución a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social.
Era Fernando Portillo, concejal del grupo socialista, el que hacía lectura de la moción reseñando que la actual ley priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales así como en otras competencias como sanidad, consumo o igualdad.
Añadía que se trata de una ley que tiene pendiente un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y que más de 3.000 ayuntamientos de toda España también presentaron un conflicto de constitucionalidad ante el órgano judicial competente en materias constitucionales por entender que interfería en la autonomía local.
Dejaba también claro que esta ley marginaba a los ciudadanos que viven en ámbitos rurales de menos de 20.000 habitantes dejándolos sin servicios sociales y que con ella se traspasaban las competencias a las diputaciones provinciales.
En su turno de intervención, Víctor Sales, de Ciudadanos Petrer, manifestaba que en el pleno del pasado mes de noviembre ya se había pedido tal derogación y que se reiteraban en lo manifestado entonces en el sentido de que entendían que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no debía ser derogada sino reformada y que el espíritu de la misma era muy bueno puesto que había limitado la posibilidad de que los gestores públicos locales hicieran lo que quisieran.
Fue posteriormente, Sergi Cremades el que en representación de Sí-Podem indicaba que la Ley atentaba contra los ciudadanos y contra la capacidad de actuación de los Ayuntamientos. También mostraba su sorpresa por la cuota de poder que se daba a las Diputaciones provinciales a las que consideraba unas instituciones opacas y de prácticas caciquiles.
A continuación, Óscar Payá, por parte del Partido Popular, lamentaba que el equipo de gobierno presentara una moción que ya se había debatido el pasado mes de noviembre volviendo a incidir en que la consideraban una ley muy bien hecha que conciliaba la función de tres administraciones, la nacional, la autonómica y la local.
Añadía que la ley posibilitaba el que los servicios se prestaran adecuadamente e impedía duplicidades y que responsabilizaba a los profesionales de la Administración Pública a actuar en base a las competencias asumidas.
Acababa señalando que no entendían para qué pedían la derogación de una ley cuando normalmente se las saltaban en función de sus intereses.
Compromís, en boca de su portavoz Silvia Rodríguez, definía a la Ley como una agresión contra los ayuntamientos en la que se buscaba deteriorar las funciones locales. Denunciaba el que se priorizara la estabilidad presupuestaria frente a las necesidades de la población y alababa el hecho de que los nuevos gestores autonómicos, elegidos tras las últimas elecciones, hubieran apostado, con la aprobación de nuevas leyes respecto a la materia, por garantizar los servicios que ofrecen los Ayuntamientos.
En su turno, Esquerra Unida, a través de su portavoz Pura Díaz, consideraba la ley como una medida de carácter ideológico que buscaba iniciar procesos de privatización en estas áreas y que olvidaba las necesidades de la ciudadanía, además de señalar que la misma recorta unos servicios que provocan retrasos en la atención al ciudadano.
Defínía la Ley como una normativa que no era ni racional ni sostenible y abogaba por la vuelta a los ayuntamientos de la gestión de estos servicios.
Seguía en su alocución indicando que no entendía cómo se podía calificar de derrochadores a los ayuntamientos cuando 9 de cada 10 disponían de remanentes en Tesorería y que sólo el 4% de la deuda pública de la administración proviene de los entes locales.
Fernando Portillo, en representación del PSOE, finalizaba el turno de alocuciones reconociendo que era un tema que ya se había debatido pero que, tras el cambio habido en el Congreso de los Diputados una vez celebradas las últimas elecciones, era el momento de sacarlo a la palestra.
Lamentaba que otros grupos no hubieran presentando a pleno ningún tipo de iniciativa y se reiteraba en que se trataba de una Ley en la que nunca habían creído.
Tras su aprobación por parte de todos los grupos, salvo Ciudadanos que se abstuvo, se pasó al apartado de Despachos Extraordinarios donde se hizo lectura, por parte de Neus Pineda, concejal de Sí-Podem, de la moción consensuada por todos los grupos políticos municipales para la constitución de una Comisión de Vivienda técnico-política con la que garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional proponiéndose varios objetivos entre los que cabe destacar la elaboración de un Plan Integral de Vivienda que contemple medidas de segunda oportunidad, vivienda garantizada y suministros básicos al igual que la resolución de casos de emergencia.
Por último, se cerró la sesión con los Ruegos y Preguntas donde se plantearon asuntos como las fechas en que se va a poder cobrar el dinero del programa Xarxallibres por parte de sus solicitantes; la situación actual de las negociaciones con la Consellería de Bienestar Social acerca del parque de viviendas sociales; los problemas que puede ocasionar la procesionaria en los montes de Petrer y si existe un plan de choque al respecto; los criterios municipales a la hora de determinar la presencia o no de animales en actividades organizadas por el Ayuntamiento, la situación del proyecto de instalación del semáforo de la Avenida del Mediterráneo y el problema de las filtraciones de aguas residuales en varios edificios del municipio.
Fuente: Diario El Carrer
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