SI PODEM PETRER:
A principios de septiembre Sergi Cremades, secretario general de Podem Petrer y portavoz del grupo municipal de Sí-Podem, se desplazó a les Corts, con otros compañeros de Podem de la provincia de Alicante, con experiencia en vivienda, para explicar al Síndic del grupo parlamentario de Podem en les Corts y SG de Podem, Antonio Montiel, su posicionamiento sobre la propuesta de Ley que el gobierno valenciano tiene previsto aprobar este otoño.
Para este grupo de activistas en vivienda, tanto en la PAH como desde dentro de las instituciones municipales, el País Valencià necesita de una ley general de vivienda. La propuesta de ley de la función social de la vivienda es un paso adelante, dado el vacío legal existente, pero para Podem, que hace suyas las demandas de las PAH,s valencianas, es significativamente insuficiente. Se valora el esfuerzo del Consell por legislar, como el reconocimiento de la vivienda como un derecho objetivo refiriéndose a aquella norma de ley que prescribe una obligación y por lo tanto con la facultad de los ciudadanos para recurrir a los juzgados en caso de incumplimiento. Pero aparte de ese reconocimiento y una exposición de motivos cargada de buenas intenciones nos encontramos con una ley muy poco ambiciosa, que no tiene voluntad de resolver el problema habitacional. La ley se limita paliar los casos de alta vulnerabilidad dejando a un sector de la población, con problemas de vivienda pero no en exclusión social, sector cada vez más amplio, fuera de su campo de acción y por tanto perpetuando diferencias entre los derechos de la ciudadanía. Con una ley general de vivienda que contuviera todos los supuestos y que escale o priorice los mismos por nivel de emergencia, nos encontraríamos con una ley mucho más completa.
No acaba con los desahucios, ya que no se obliga a la banca a ofertar un contrato de alquiler social a las familias sin alternativa habitacional y no contempla la obligatoriedad de la administración de realojar a las familias desahuciadas de viviendas en régimen de alquiler. Tampoco se plantea como una ley de segunda oportunidad, ya que no se da solución al sobreendeudamamiento de las familias y las deudas eternas contraídas con el banco, la inmensa mayoría de manera fraudulenta.
La ley se centra en aspectos concretos que regulan una vivienda asequible pero no responde a la necesidad de movilizar vivienda para paliar la emergencia actual. No fija su atención en los grandes tenedores de vivienda que básicamente son las entidades financieras. Los bancos, principales culpables de la crisis/estafa tienen, ellos sí, una deuda pendiente con las miles de familias afectadas y con esta ley resultan indemnes de toda responsabilidad.
Plantea una política continuísta en lo referente a la gestión y promoción de vivienda social. Donde antes se destinaba recursos para la compra ahora se hace para el alquiler favoreciendo el transvase de dinero público a la banca. Tampoco tiene en cuenta de manera global cómo garantizar los suministros básicos para paliar la pobreza energética.
Por último, no cuestiona ni pone límites al modelo desarrollista causante de la burbuja inmobiliaria, y deja la puerta abierta a la vuelta a ese modelo destructor, que ha cercenado miles de proyectos vitales y que ha tenido un impacto medioambiental de gran envergadura.
Es necesario por tanto la valentía para acometer una ley integral que no sólo tenga un redactado jurídico impecable sino que verdaderamente sirva para iniciar el camino del cambio de paradigma. Las PAH del País Valencià han redactado una batería de enmienda que van en esa redacción.
Sí-Podem denuncia el proyecto de ley de función social de la vivienda es insuficiente from Intercomarcal TV on Vimeo.