Sí-Podem Petrer solicita con carácter de urgencia la convocatoria de la Comisión Municipal de Vivienda

Para la formación morada, la figura de asesor jurídico en materia de hipotecas,
desahucios y alquileres debe ser autónoma tanto de la Concejalía de Igualdad e
Inclusión Social, como de la Concejalía de Urbanismo, para garantizar la
prioridad del derecho a la vivienda digna.
A finales del año 2016, la Comisión Municipal de Vivienda consensuó el pliego de
condiciones técnicas para contratar la figura del asesor jurídico de vivienda, como
primer paso para poner en marcha la oficina de vivienda.
La publicación de este pliego técnico se ha paralizado de manera unilateral sin tratarse
en la Comisión Municipal de Vivienda. El Concejal delegado de Igualdad e Inclusión
Social, contestó en el pleno ordinario del mes de enero, a la pregunta sobre esta cuestión
que le planteamos desde Sí-Podem, que el equipo de gobierno ha decido aprovechar la
figura de asesoramiento jurídico que va a habilitar la Consellería en los municipios para
que entre otras muchas funciones, también pueda asesorar en materia de vivienda.
Desde Sí-Podem Petrer creemos que esta propuesta desvirtúa el objetivo consensuado
en la Comisión de Vivienda, la cual apuesta por dar centralidad a la política municipal
en materia de vivienda social. Desde esta concejalía no se ha entendido la urgencia de
esta iniciativa. Esta centralidad y prioridad solamente es posibles con la autonomía del
asesor tanto de Servicios Sociales como de la Concejalía de Urbanismo.
En primer lugar una figura subordinada a la dinámica de los Servicios Sociales,
lógicamente no podrá priorizar la política de vivienda, debido a la cantidad de funciones
que tendrá que desempeñar para desatascar el trabajo acumulado en los servicios y
programas que han ido asumiendo los equipos de la Concejalía de Igualdad e Inclusión
Social, como la dependencia, legislación, etc. Es una figura necesaria pero no es la
figura que necesita el programa de vivienda digna.
En segundo lugar ni la Consellería de Bienestar Social, ni los equipos de Servicios
Sociales, contemplan el “derecho a la vivienda” como un derecho a garantizar desde
estos servicios. Por lo que aún con más razón, si desde los municipios queremos
garantizar este derecho universal, hay que ir construyendo una estructura autónoma y
con capacidad de respuesta a las necesidades de la gente. Es voluntad del equipo de
gobierno que esta estructura nazca en precario o con todas las garantías.
Desde Sí-Podem lamentamos la decisión tomada por el equipo de gobierno, pues
consciente o inconscientemente, se está dando un paso atrás en las políticas de rescate
ciudadano. Apelamos a su buen criterio, que se rectifique esta decisión y que facilite el
debate y el estudio de diferentes alternativas, convocando la Comisión Municipal de
Vivienda.