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Villena

El Ayuntamiento de Villena logra evitar el cierre de los servicios sociales municipales a pesar de la falta de un nuevo Contrato Programa por parte de la Conselleria de Servicios Sociales

El alcalde de la localidad, Fulgencio Cerdán, ha denunciado la inacción del gobierno autonómico y ha exigido la aprobación urgente de un plan de financiación que garantice la continuidad de estos servicios y cubra los gastos acumulados desde la expiración del acuerdo anterior el pasado 31 de diciembre.

Gracias a la estabilización del personal municipal, Villena ha podido mantener operativos sus programas de asistencia social sin depender exclusivamente de las subvenciones autonómicas. Cerdán ha criticado la postura de la Conselleria, señalando que está trasladando su responsabilidad financiera a los ayuntamientos, lo que genera una situación insostenible para muchos municipios.

«Si hubiéramos seguido la línea que marca la Generalitat, es decir, contratar personal en función del Contrato Programa sin ofrecer estabilidad, ahora nos veríamos obligados a despedir trabajadores, como ha ocurrido en Alicante con el cese de 192 empleados», ha advertido el alcalde.

Desde 2019, el Ayuntamiento ha sumado nueve profesionales a los servicios sociales, optimizando los recursos disponibles para cubrir las necesidades reales de la población. Cerdán ha subrayado que, en lugar de gastar la totalidad de la subvención en puestos innecesarios, se priorizó la inversión en los servicios esenciales como inclusión social, atención a menores y familias, apoyo a cuidadores de dependientes y atención psicológica.

El alcalde ha alertado sobre un patrón de recortes en áreas clave como el empleo y la educación, que obligan a los ayuntamientos a asumir competencias autonómicas sin recibir los fondos necesarios. «Desde el 1 de enero, la Conselleria ha cerrado el grifo a todos los municipios, dejando en una situación crítica a los servicios sociales», ha denunciado.

Ante esta incertidumbre, el Ayuntamiento de Villena sigue exigiendo una respuesta clara del gobierno autonómico para garantizar la estabilidad de los servicios y evitar que la falta de financiación afecte a los colectivos más vulnerables.


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