1.- El tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (en adelante, RSU) de los municipios que pertenecen al Plan Zonal XIII se realiza por la empresa pública VAERSA, en la Planta de Reciclado y Compostaje con Vertedero de Rechazos instalada en el término municipal de Villena. El consorcio constituido para la gestión y tratamiento de los residuos de la citada Zona XIII debe adoptar el acuerdo de inicio del correspondiente expediente de contratación y aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares para la licitación del contrato de gestión del servicio público de tratamiento de residuos en la citada planta.
2.- Actualmente, la gestión de la planta se realiza de forma provisional, y sin ninguna contratación que la ampare legalmente, por VAERSA. De igual forma, los precios de tratamiento que la citada empresa comunica anualmente a cada uno de los ayuntamientos miembros del consorcio, son precios provisionales, que, en cualquier caso, y tal y como la propia empresa indica expresamente en sus escritos, incluye el tratamiento de los residuos allí depositados.
3.- El tratamiento de los residuos urbanos es una competencia de los municipios con más de 5.000 habitantes que deben prestar con carácter obligatorio, tal y como establece el artículo 26.1 ap. b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. La Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos, señala que los Municipios con una población superior a 5.000 habitantes estarán obligados a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos que posibiliten su reciclado y otras formas de valorización.
4.- En el precio que cobra actualmente VAERSA por tonelada, se incluye el tratamiento de los residuos urbanos a que hace referencia la legislación. De toda la información que esta plataforma ha obtenido, se puede deducir que el proceso de tratamiento de los residuos se está realizando mínimamente, pues aunque la propia empresa VAERSA denomine a su planta de Reciclado y Compostaje con Vertedero de Rechazos, no se realizan labores de reciclado, compostaje, ni valorización. Dicha afirmación se ampara en diferentes documentos probatorios obtenidos por la plataforma:
– Vídeos grabados desde el exterior de la planta en la que se observa claramente cómo camiones descubiertos salen del interior de la planta y acceden a la cumbre de la montaña de residuos para descargar directamente los residuos que han cargado previamente en el interior de la nave. Dichos residuos son muy variados, pero puede observarse cómo contienen una gran variedad de envases ligeros. De hecho, en el proceso de descarga, se observa cómo muchos de estos envases ligeros y papeles salen volando por las inmediaciones al lugar.
– Visitas realizadas a la planta por partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Villena, en las que se ha podido comprobar que la maquinaria instalada para la preparación del compost no estaba funcionando. Según los responsables de la planta, se encontraba averiada. Según consultas realizadas a otras fuentes, esta maquinaria lleva averiada mucho tiempo y fuera de funcionamiento.
– Información facilitada por la propia empresa en la que asegura que el porcentaje de residuos urbanos que se valorizan es de sólo un 4,4% mientras que en el vídeo promocional de la planta de Villena, la propia empresa señalaba que el porcentaje de residuos urbanos que se iba a valorizar era de un 70%.
Esta mínima valorización de residuos no puede repercutirse en el coste de tratamiento de residuos que VAERSA en la forma en que se hace. Si actualmente, sólo el residuo urbano metálico es el que se está valorizando, porque es el único que le reporta un beneficio económico a la empresa, no puede cargarse sobre los municipios un coste de valorización que no se está produciendo. Se estaría produciendo una estafa a todos los Ayuntamientos a los que se les está cobrando dicho precio unitario. Se trataría de un delito tipificado en el artículo 248 y siguientes del vigente Código Penal.
Esta situación de enriquecimiento injusto se agrava por el hecho de que la explotación de la planta se está realizando por VAERSA de forma provisional y sin ningún tipo de cobertura legal. La empresa no ha presentado el correspondiente proyecto de explotación, ni siquiera un estudio de costes y beneficios, ni cuentas anuales, al consorcio de la Zona XIII, de los que se pueda deducir la veracidad y justificación del precio que cobra.
5.- A todo lo anterior, hay que sumar el hecho de que esa misma Planta de Reciclado y Compostaje con Vertedero de Rechazos esté recibiendo residuos sólidos urbanos de más de sesenta (60) municipios, cuando únicamente podría recibir los de los 14 municipios de la Zona XIII. La legislación en materia de residuos sólo autoriza esta situación con carácter excepcional y temporal. Sin embargo, la recepción de RSU de poblaciones ajenas a la Zona XIII se está produciendo desde 2006. Esta situación no reviste carácter excepcional (se trata de más de 60 municipios), ni temporal (ya son cuatro años). Esta avalancha de RSU produce que la planta no funcione en las debidas condiciones. Si su capacidad inicial era para tratar 85.000 toneladas, ahora se están vertiendo más 153.000 toneladas (dato oficial 2008). El precio que cada Ayuntamiento paga por el supuesto tratamiento de sus RSU se verá necesariamente incrementado si VAERSA colmata en un período de tiempo muy inferior al inicialmente previsto la capacidad de la planta. En el caso de que eso se produzca, será necesaria una ampliación de las instalaciones (con ejecución finalizada, sin la correspondiente licencia de obras ni licencia ambiental) que supondrá unos costes a VAERSA que indudablemente repercutirá en los municipios consorciados en la Zona XIII.
La Plataforma dispone de vídeos que acreditan que diariamente entran a la planta numerosos camiones tipo trailers, totalmente cerrados, que acceden directamente a lo alto de la montaña de residuos y efectúan la descarga allí mismo, sin pasar antes al interior de la nave de la planta.
Ante la grave situación expuesta, esta Plataforma solicita a los Ayuntamientos integrantes de la Zona XIII:
1.- Que soliciten a la empresa pública VAERSA el correspondiente proyecto de explotación de la planta que gestiona en el término municipal de Villena, así como un estudio de costes y beneficios de la actividad que allí desarrollan, con el fin de comprobar los costes reales que asume por el tratamiento de los residuos de la Zona XIII.
2.- Que se denuncie a la empresa pública VAERSA por un presunto delito de estafa, al estar cobrando un precio unitario por tonelada que incluye unos trabajos de valorización que no se están realizando en la actualidad.
3.- Que se dirijan por escrito a la Presidencia y Vicepresidencia del Consorcio para pedir explicaciones por la llegada masiva de RSU de fuera de la Zona XIII, sin que hasta esta fecha los Ayuntamientos miembros del citado consorcio hayan tenido comunicación verbal o escrita de esta entrada de RSU, que, en todo caso, deberá ser autorizada por el consorcio de la zona XIII.