Cristina López asegura que lleva años esperando un tratamiento que le permita recuperar su calidad de vida, mientras la asociación reclama una solución urgente y no descarta acudir a los tribunales.
La Asociación por la Sanidad Pública de Villena ha hecho público el caso de Cristina López, una vecina de 42 años que denuncia llevar más de siete años esperando una solución para la patología que padece y que, según explica, le impide desarrollar una vida normal. La entidad considera que las demoras acumuladas durante todo este proceso son «inadmisibles» y reclama a la Conselleria de Sanidad una respuesta inmediata.
Acompañada por miembros de la asociación, Cristina decidió compartir públicamente su experiencia para denunciar una situación que, asegura, ha afectado profundamente a su vida personal, familiar y emocional.
Su problema comenzó tras el nacimiento de una de sus hijas en 2018, cuando aparecieron los primeros episodios de incontinencia urinaria. Desde entonces ha pasado por consultas de Atención Primaria, Ginecología, Rehabilitación y Urología, donde fue diagnosticada de incontinencia urinaria de esfuerzo. Sin embargo, según relata, la atención especializada se ha visto marcada por largos periodos de espera, aplazamientos y nuevas derivaciones que no han conseguido resolver su situación.
Con el paso de los años, los síntomas se fueron agravando hasta el punto de necesitar el uso permanente de pañales y sufrir dolor pélvico de forma continuada. La paciente explica que actualmente no puede caminar largas distancias, cargar peso o jugar con sus dos hijas con normalidad, una situación especialmente dura teniendo en cuenta que, además, padece trombofilia, una alteración de la coagulación para la que los especialistas le recomiendan mantener una vida activa.
En febrero de este año se sometió a un estudio urodinámico que confirmó el empeoramiento de la patología y los especialistas plantearon un tratamiento de rehabilitación del suelo pélvico. Sin embargo, según denuncia, continúa sin haber sido citada porque la profesional encargada del servicio se encuentra de baja y no ha sido sustituida.
«Solo quiero recuperar mi calidad de vida«, aseguró visiblemente emocionada durante la comparecencia. «Quiero poder hacer una vida normal con mis hijas. Mi intención al contar públicamente mi historia es que otras personas pierdan el miedo a denunciar situaciones similares».
La Asociación por la Sanidad Pública de Villena conoció el caso hace unos meses y aconsejó a la afectada presentar varias reclamaciones ante el Departamento de Salud de Elda. En la respuesta a la primera queja, la administración reconocía la existencia de una demora superior a la deseable y aseguraba que intentaría resolver la situación lo antes posible. Sin embargo, la segunda reclamación fue inadmitida al considerarse repetitiva, una contestación que la asociación califica de «cruel» e «insensible» ante el sufrimiento de la paciente.
José Antonio Marco, portavoz de la entidad, recordó que la legislación reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir una atención sanitaria en condiciones adecuadas y considera que, si un servicio no puede prestarse por falta de personal, la Administración tiene la obligación de buscar alternativas, incluso derivando al paciente a otro centro sanitario.
La asociación ha remitido toda la documentación del caso al Síndic de Greuges, del que espera una pronta intervención. No obstante, advierte de que, si la situación no se resuelve, estudiará emprender acciones judiciales.
Durante la comparecencia, Marco quiso agradecer el «coraje» de Cristina por hacer pública una situación tan delicada y recordó que la asociación ha registrado ya más de 350 reclamaciones relacionadas con la asistencia sanitaria en el Departamento de Salud de Elda, por lo que considera que el caso de esta vecina «no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema estructural que afecta a numerosos pacientes de la comarca».







