MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO MUNICIPAL
La inestabilidad financiera internacional, la crisis del petróleo, la caída del sector de la construcción, entre otras razones, ha arrastrado a nuestro país a una situación económica delicada y difícil, dentro de un contexto internacional, a la que hay que hacer frente con coraje y decisión.
El Gobierno de España ha sido uno de los primeros Gobiernos Europeos en intervenir ante la crisis económica. Nuestro país ha encajado mejor que otros la mala situación de la economía internacional. Tenemos que contribuir a hacer frente a la crisis económica adoptando medidas satisfactorias y preparando nuestro país para salir fortalecidos de esta coyuntura.
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La situación de crisis la superaremos con tenacidad y el esfuerzo de todos, implicando también a todas las Administraciones Públicas. Los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares como Gobiernos Locales, pueden contribuir en los próximos meses, desde sus propios recursos y presupuestos, a cumplir con el objetivo de la austeridad presupuestaria. En definitiva, queremos, desde las posibilidades existentes en nuestra ciudad, adoptar medidas reales que sirvan para frenar las dificultades que atraviesa nuestra economía, sin que la factura la paguen los ciudadanos, promoviendo un PLAN DE AUSTERIDAD MUNICIPAL.
De la misma manera que en el último pleno ordinario de Septiembre, con ocasión de aprobar las ordenanzas de las tasas e impuestos municipales, se argumentó la congelación de determinados impuestos como un gesto de ayuda a los ciudadanos en una situación de crisis, creemos importante dar un gesto simbólico en aquello que más nos afecta directamente, como ejemplo de solidaridad con quienes están más afectados por los difíciles tiempos que vivimos.
Por todo ello, presentamos para su aprobación los siguientes acuerdos:
1. El Ayuntamiento de Villena congelará los sueldos correspondiente a la alcaldesa y concejales con dedicación exclusiva, y parcial en el ejercicio del año 2009.
2. De la misma manera se congelarán las partidas presupuestarias relacionadas con las dietas de los cargos electos por asistencia a plenos, juntas de gobierno y comisiones informativas. Junto a ello se congelarán también los sueldos correspondientes a los cargos de confianza política, procediendo a la reducción de los correspondientes al equipo de gobierno municipal, que tan caros salen al erario público y el poco rendimiento que la ciudadanía puede apreciar.
3. Igualmente, congelar el Presupuesto Municipal correspondiente al capítulo II de Gastos Corrientes en el próximo ejercicio del año 2009 con respecto a lo presupuestado en el presente ejercicio. Para ello el equipo de Gobierno Municipal se compromete a realizar un reajuste presupuestario en las diferentes partidas del capítulo.
No obstante el Pleno, con su superior criterio, resolverá.
La Orden de 10 de junio de 2008 de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana estableció las formas de organización pedagógica para impartir la materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la Educación Secundaria, utilizando como lengua vehicular el inglés.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó autos de fechas 23 y 28 de julio de 2008 con los que dejó clara constancia de que la orden citada de 10 de junio de 2008 vulnera distintas normas de rango superior.
Dicha orden de la Consellería de Educación creó una gran contestación en los centros educativos, imponiendo al profesorado cómo y en qué lengua se han de dar las clases de Educación para la Ciudadanía así como permitiendo la objeción del alumnado a una asignatura obligatoria del currículo, al mismo tiempo que se menospreciaba la legislación educativa estatal. No olvidemos que las leyes estatales son de obligado cumplimiento en un Estado de derecho, y la Ley Orgánica de Educación fue aprobada por el parlamento español. Los autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dejaron en suspenso una parte del articulado de la mencionada Orden.
Posteriormente la resolución de 1 de septiembre de 2008 del Director General de Ordenación y Centros Docentes y del Director General de Personal, establece orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas para la impartición de la materia Enseñanza para la Ciudadanía en la Educación Secundaria Obligatoria en cumplimiento de los autos del Tribunal Superior de Justicia.
Esta última resolución dice en su artículo dos que El profesor o profesora que tenga atribuida la docencia de la materia podrá contar con la presencia simultánea en el aula del profesorado especialista en lengua inglesa, correspondiendo a este último vehicular la impartición de la materia.
La resolución de 1 de septiembre hace coincidir en la misma aula a dos profesores, uno de inglés y otro de filosofía, lo que demuestra una falta de conocimiento pedagógico y crea un gran problema organizativo a los equipos directivos de los centros educativos, además de un gasto inútil de recursos humanos cuando por ejemplo- faltan profesores de inglés en Educación Infantil. Es una irresponsabilidad, una falta de conocimiento de los contenidos de la propia materia y del nivel de abstracción y competencia en la lengua propuesta para la enseñanza (el inglés) que tienen los alumnos de esta edad.
Por otro lado, estas decisiones del Gobierno valenciano han creado una gran contestación social: padres y madres, profesoras y profesores, equipos directivos, alumnado, centrales sindicales, partidos políticos y la Universidad han explicitado con claridad su rotundo rechazo a estas normas que están creando una gran inestabilidad en las comunidades educativas de la Comunidad Valenciana.
Este tipo de actuación organizativa y pedagógica, con la impartición de la Educación para la ciudadanía en inglés y con dos profesores en una misma aula, es un caso inaudito y único en todas las comunidades autónomas de España. Tan inaudito y única que ni siquiera la misma Consellería de Educación consigue aclararse y no para de rectificar y emitir nuevas normas, al tiempo que intenta ganar tiempo y alargar este proceso ridículo con reuniones en las que pone de manifiesto su cara más intransigente con la comunidad escolar, profesores, padres y alumnos. Ahora prepara una nueva ordenación tras conocerse que el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le requiere información sobre si efectivamente está cumpliendo la orden de suspender los aspectos mencionados antes de la orden del 10 de Junio pasado, lo cual viene a demostrar que la Generalitat Valenciana se está tomando este asunto con total frivolidad.
Por otro lado, el pasado día 7 de este mes se realizaron movilizaciones en los tres centros de secundaria de nuestra ciudad, en coordinación con centros de la provincia y del resto de la Comunidad, como muestra de protesta por esta actitud de la administración educativa de utilizar la asignatura de Educación para la Ciudadanía como herramienta de confrontación, en lugar de cumplir con la ley como sería su obligación y como no para de exigir a los demás, bajo amenaza de abrir expedientes.
Por ello el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
Transmitir al Gobierno valenciano la petición del Pleno de este Ayuntamiento de que deje sin efecto la Orden de 10 de junio de 2008, de la Consellería de Educación, relativa a la impartición en inglés de la asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, así como la Resolución de 1 de septiembre de 2008 del Director General de Ordenación y Centros Docentes y del Director General de Personal sobre medidas organizativas para dicha asignatura. También transmitirá la petición del Pleno de que dicha asignatura sea impartida conforme a criterios pedagógicos en valenciano o castellano, que son las lenguas vehiculares oficiales para la enseñanza en las etapas no universitarias, como refleja la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y el Estatuto de Autonomía.
No obstante, el Pleno con su superior criterio, resolverá.