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Villena rebate los datos del Ministerio del Interior: la Policía Local confirma un índice de criminalidad bajo y menos detenidos

Aunque las estadísticas del Ministerio del Interior sitúan a Alicante y Villena entre las ciudades donde más ha subido la criminalidad en lo que va de año, el Consejo Local de Seguridad de Villena ha subrayado hoy que la realidad en el municipio es distinta: los datos propios de la Policía Local confirman que la ciudad mantiene un índice de criminalidad bajo, con niveles estables respecto a 2024 y una reducción notable en el número de detenidos.

En concreto, las cifras de los nueve primeros meses de 2025 reflejan una estabilidad en el número de atestados policiales y un descenso cercano al 38% en las detenciones por delitos graves.

El edil de Policía, Sergio Palao, defendió que “Villena es una ciudad segura, donde la Policía Local y la Guardia Civil realizan una labor importante que mantiene unos niveles de criminalidad muy bajos. Lo único peligroso son los llamamientos exagerados al alarmismo infundado y alejados de la realidad”.

Palao remarcó que los datos ministeriales deben interpretarse con cautela, ya que la Guardia Civil ofrece cifras del conjunto de municipios de su demarcación, no exclusivamente de Villena. “Las fluctuaciones que se observan en la Policía Local son puntuales, nunca un repunte alarmante”, añadió.

En lo relativo a los delitos más habituales —robos, violencia de género o contra la seguridad vial—, el edil señaló que están en consonancia con el crecimiento poblacional, inferior al 2%.

El concejal recordó que el servicio de seguridad ciudadana en Villena funciona correctamente, pero arrastra limitaciones debido a la normativa autonómica. El retraso de más de dos años en la convocatoria de cursos del IVASPE impide que algunos agentes puedan consolidar su categoría profesional. A ello se suma la salida de efectivos hacia otras ciudades con mejores condiciones laborales, algo permitido por la normativa vigente.

Finalmente, avanzó que se solicitará a la Delegación del Gobierno la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la localidad, aunque reconoció que la legislación actual dificulta su autorización por las restricciones que protegen otros derechos fundamentales.


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