El PSOE preocupado por el problema de muchas familias para pagar facturas de luz y gas de cara al frío del invierno.
Alfonso Lacasa, portavoz de los socialistas de Petrer ha informado de la presentación al Pleno del Ayuntamiento de una Moción Contra La Pobreza Energética y por La Protección De Los Consumidores Vulnerables. A través de ella queremos, desde este Ayuntamiento, instar al Gobierno de España a que de forma inmediata presente en el Congreso de los Diputados para su aprobación una Ley de Protección de los Consumidores Vulnerables y Contra la Pobreza Energética. expone Lacasa.
El PSOE plantea, como ya han hecho otros países europeos, hacer una Ley para que el suministro de energía sea un derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado.
La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis social y económica que estamos padeciendo. Siete millones de españoles tienen enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz al final de mes. El 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada. La situación se agrava durante el invierno ya que por el frío sube el consumo y la cuantía de los recibos. A ello se une una nueva subida del 11% en el precio de la luz en los últimos meses.
Lacasa acusa al PP de mirar hacia otro lado ante este grave problema. Nosotros sabemos que organizaciones como Cruz Roja y Cáritas están ayudando a muchas familias con este problema, pero es necesario adoptar medidas contundentes que eviten situaciones dramáticas también como un derecho recogido legislativamente.
En Europa diversos países ya han aprobado normas que protegen a los consumidores más vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes, y que no atienden a una realidad con un 25% de desempleo.
Además de estas medidas de urgencia es preciso abordar la mejora de la eficiencia energética de las viviendas vinculadas a las familias con más dificultades: con el apoyo público a la rehabilitación de las viviendas que ocupan, con la finalidad de conseguir una mayor optimización de los recursos energéticos.
Finalmente el Gobierno debe reconocer que se trata de una medida de política social, con el propósito de garantizar los principios de progresividad, solidaridad y cohesión respecto de los consumidores más vulnerables, y por ello entendemos que el coste de esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto del sistema.