o El encuentro tendrá lugar en el Aula CAM de Alicante los días 13 y 14 de octubre
o Participarán en las ponencias juristas, profesores de universidad y la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional
o La finalidad es proponer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla a los cambios sociales
Caja Mediterráneo y la Audiencia Provincial de Alicante han presentado durante la mañana del martes 7 de julio el II Congreso Nacional de Criminología y Derecho Penal de Alicante, que se realizará en el Aula CAM (Avenida Doctor Gadea,1) durante los días 13 y 14 de octubre, y se espera una asistencia de 520 personas.
En el acto de presentación, que ha tenido lugar esta mañana en la Dirección Territorial de Caja Mediterráneo de Alicante, han estado presentes el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, y el presidente territorial de Caja Mediterráneo, Armando Sala. Junto a ellos también han intervenido el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Antonio Castro; el Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante, Enrique Durán, y el vicepresidente de la Asociación de Jefes de Policía Local de Alicante, Antonio Amorós.
Las ponencias empezarán en el Aula CAM de Alicante el día 13 de octubre, a las 11 horas, con La medida de Intervención de las comunicaciones. Propuesta legal de redacción de la medida. Art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La segunda ponencia llevará por título La medida de entrada y registro. La comparecencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el juicio oral se realizará el mismo día 13 a las 16.30 h. Finalmente, el Congreso finalizará con Las intervenciones e inspecciones corporales y recogida del ADN, que dará inicio el 14 de Octubre a las 10:30 horas.
El objetivo del congreso será el de redactar un texto articulado acerca de cómo debería quedar la regulación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en tres supuesto muy concretos y para los que, según ha manifestado Magro, la ley ha quedado obsoleta. Los tres supuestos hacen referencia a la intervención de teléfonos y correos digitales, a las entradas y registros y, por último, en la problemática derivada de las pruebas de ADN:
a) Intervención de teléfono fijos y móviles, correos electrónicos, rastreo de teléfonos móviles, identificación del lugar donde se encuentran sospechosos de la comisión de un delito mediante el rastreo por satélite, casuística en la ejecución de una intervención telefónica con descubrimiento de nuevos delitos distintos de los que dieron origen a la intervención, duración de estas intervenciones, validez de la grabación de conversaciones privadas sin intervenciones telefónicas.
b) Entradas y registros. Problemas que surgen a la hora de llevarlos a cabo: el problema de los registros simultáneos que tienen lugar en actuaciones frente a grupos organizados a fin de que no se destruyan las pruebas en otros domicilios si se llevaran a cabo de uno en uno, localización de teléfonos móviles en los domicilios registrados y problemas acerca de la licitud de la lectura de los mensajes SMS recibidos y/o listado de contactos en el teléfono en ese instante; problemas que surgen las
c) La prueba del ADN, problemas que surgen en la obtención de objetos de los que se pueda obtener el ADN, los cacheos policiales a los sospechosos; alcance de una actuación policial cuando existen sospechas de que un individuo lleva droga por ejemplo en la boca, en el interior del cuerpo por haberla ingerido en bolsas recubiertas.
Con este Congreso se pretende clarificar la abundante casuística que existe en las medidas de limitación de los derechos fundamentales de las personas que son objeto de investigación. Se trata de evitar que una defectuosa intervención o tramitación conlleve la nulidad de la obtención de pruebas, lo que hará más eficaz la intervención policial en la lucha contra la delincuencia.
En este sentido, el Congreso estará formado por tres mesas redondas en las que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces, fiscales y catedráticos de derecho propondrán una redacción acerca de cómo deberían quedar redactados los preceptos que disciplinan la mecánica conforme la que la Policía puede llevar a cabo estas medidas.
La casuística en estos tres supuesto, pero principalmente en el de entradas y registros, suele ser tan voluminosa que, según afirma Magro, hemos entendido necesario con la organización de este Congreso articular un texto a modo de ponencias separadas en cada una de las cuales se exponga cómo debería quedar la redacción del precepto que regula cada diligencia policial de prueba, tomando por base, exclusivamente, la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional para ofrecer claramente en un texto legal cuáles son los criterios que deben observarse a la hora de resolver los problemas que se presentan en la práctica diaria en las labores de investigación criminal para facilitar la práctica diaria de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La intención del Congreso es proponer cambios legislativos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para que sea más eficaz en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada que se mueve alrededor del mundo de la droga a gran escala. Por otro lado, se trabajará en el campo de la prevención de la drogodependencia al evitar la circulación de droga por las ciudades mediante la mayor eficacia policial y judicial en la lucha contra esta lacra social. En paralelo se incidirá en la prevención de los perjuicios que de ello se deriva mediante la evitación de la propagación de la droga a menor escala.