Pilar Calpena Poveda, portavoz del Grupo Municipal Compromís, de conformidad al amparo de lo previsto en el art. 116 de la Ley 8/2010 de la Generalitat, de 23 de junio de Régimen Local de la Generalitat, presenta para su debate y posterior aprobación por el Pleno, si procede, la presente
MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO A ELIMINAR LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
Los puestos de trabajo ofertados por las administraciones públicas valencianas han caído el último lustro un 87% como consecuencia de las limitaciones al empleo público impues-tas por el RDL 20/2012 y las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Lo único que ha conseguido este planteamiento político es reducir la calidad de los servi-cios a la ciudadanía, generando precariedad, por lo que se hace necesario un llamamiento para que el Gobierno promueva un cambio urgente en la legislación que permita cubrir vacantes, reducir interinidades y garantizar la prestación de servicios de calidad.
Organizaciones políticas, sindicales y profesionales del sector público han denunciado, desde el inicio oficial de la crisis económica actual, las causas que tienen su origen en decisiones políticas contrarias a la intervención pública para corregir el modelo productivo. En el País Valenciano, esto ha significado una reducción de 1.000 ocupaciones de media por año.
En las administraciones locales valencianas, las restricciones políticas en el empleo, y en concreto en el empleo público de carácter permanente (personal laboral indefinido o fun-cionarios de carrera), tiene consecuencias nefastas.
A partir de los datos brutos de oferta pública de empleo entre los años 2008 y 2013, se pueden extraer algunas conclusiones. Del análisis de los datos de este periodo de referen-cia se desprende, con carácter general, que hasta 2009 se mantiene un impulso inercial del empleo público ofertado, pero a partir de ese momento el descenso es sistemático cayendo radicalmente la oferta, como se comprueba en los siguientes datos que recogen el empleo público ofertado.
2008-2009 2008-2013
Valencia +31% -91%
Alicante +12% -82%
Castellón -33% -90%
Total País Valenciano +8,8% -87%
2008-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valencia 598 786 460 239 67 55
Alicante 634 713 414 164 108 114
Castellón 378 253 244 147 39 39
Total 1.610 1.752 1.118 550 214 208
La caída de 2010 coincide con la primera reducción de la tasa de reposición de efectivos, en el marco de la ley de los PGE, restricción a la incorporación de personal que se ha mantenido y endurecido hasta la actualidad.
Dentro de esta política de restricciones, llama la atención el ínfimo porcentaje de personas con discapacidad que han podido ecceder al empleo público en este periodo, ya que mientras el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público indica que en las ofertas de empleo público se reservará un contingente no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de las 3.602 plazas de la oferta pública acumulada en el periodo de referencia, solamente 41 (el 088%) se han reservado para el turno restringido de personas con discapacidad. Cifra muy alejada de la previsión del EBEP.
La Administración local no tiene capacidad legislativa y su autonomía (aunque predicada constitucionalmente) es realmente menor que en el resto de niveles administrativos bási-cos. Eso se traduce en la práctica en los controles coercitivos que padece, vía supervisión de la Delegación del Gobierno, incidiendo más que en el resto de administracioes territo-riales.
El nivel de convocatorias desciende a lo largo del periodo de referencia en todos los terri-torios y tipos de convocatoria. Y el número de convocatorias en el año 2013 es muy infe-rior en todos los ítems comparativos que en el año 2008.
En definitiva, el nivel de empleo público estable en la Administación Local valenciana cae drásticamente sin que se repongan suficientemente los efectivos necesarios para garanti-zar la prestación de los servicios mediante el empleo de calidad y con independencia y profesionalidad acreditada, a través de procedimientos de pública concurrencia y meca-nismos selectivos adecuados. El aumento de la temporalidad (con una media de 120 con-vocatorias por año de trabajo temporal, unas 40 desde el año 2014 hasta ahora), la priva-tización de servicios o su disminución, son las consecuencias, no excluyentes entre sí, de este proceso de destrucción de empleo público estable.
Por tanto, el Grupo Municipal Compromís propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
1. Instar al Gobierno del Estado y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que proceda a modificar la política de restricción al empleo público estable y de calidad que los servicios a la ciudadanía demandan, eliminando la tasa de reposición de efectivos que está lastrando y precarizando la función pública.
En Elda a 23 de diciembre de 2016
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA