Desde Esquerra Unida de Elda anunciamos que presentaremos al Pleno del próximo jueves dos mociones de un importante calado social.
Por una parte presentamos una propuesta de acuerdo que sentaría las bases para paliar los problemática sobre desahucios y desalojos en nuestra ciudad.
Entendemos que se debe solucionar este drama desde la Administración Pública, y le toca al Ayuntamiento como institución más próxima a la ciudadanía garantizar el derecho a la vivienda. La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse, o la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone la exclusión real de personas de nuestro sistema social.
La institución municipal tiene que asegurar información y asesoramiento jurídico, psicológico y social, a aquellas personas que estén atravesando dicha situación, favorecer la mediación de las familias con las entidades financieras y/o en su caso, impedir desde sus competencias, que se ejecute un desahucio en nuestra ciudad. También solicitamos declarar Elda como ciudad libre de desahucios y garantizar la no intervención de la Policía Local ni Protección Civil en desahucios. Creemos que es fundamental desarrollar un Consejo Municipal de Vivienda en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones vecinales así como otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática.
Por otra parte, presentamos una moción para que nuestro Ayuntamiento exija la retirada de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.
La propia ONU ha declarado que esta ley cercena nuestros derechos y libertades fundamentales. Esta ley regresiva nos devuelve al blanco y negro, porque es una medida tomada para frenar la movilización y la protesta social ante las políticas adoptadas por el Gobierno de España. Derechos como el de manifestación o libertades como la de expresión, quedan sometidas a un estricto control y a las elevadas sumas por infracciones.
En definitiva, lo que significa esta ley es la criminalización de la protesta, que no se puede entender en una sociedad democrática y libre. Con esta ley se genera una especie de procedimiento sancionador paralelo al judicial, dejando a la ciudadanía expuesta a la discrecionalidad de la administración. Esta ley ha aumentado las cuantías de las multas y sanciones, la autoría de posibles faltas o delitos a organizadores de los eventos y convocatorias, incrementa las conductas sancionables, creando nuevas figuras como la persecución de escraches, del cuelgue de pancartas en edificios, cortes de calles, concentraciones frente a Parlamentos, etc. No se permite la grabación de actuaciones policiales, ni se solucionan problemas derivados de las intervenciones de la UIP.