Izquierda Unida ha presentado dos propuestas de acuerdo (mociones) al próximo pleno ordinario del viernes 1 de Febrero.
Como todos ya sabemos con la excusa de la crisis se están produciendo innumerables recortes en servicios, claro ejemplo de ello fue el Real Decreto Ley 16/2012 de Urgentes medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Con este decreto las personas mayores, jubiladas, pensionistas y aquellas con enfermedades crónicas han de pagar por medicamentos, el uso de ambulancias no urgentes, productos dietéticos, prótesis externas y otros servicios. Estos colectivos, muchos de ellos en una situación penosa ya que disponen de escasos recursos, se ven en la obligación de re-pagar por los servicios que hasta ahora eran asumidos por el Servicio Nacional de Salud. Con todo esto la equidad y el acceso universal que garantizaba la Ley General de Sanidad y la Constitución Española de 1978 quedan en entredicho.
Una parte importante de los ciudadanos inmigrantes queda, tras este decreto, sin cobertura médica primaria, poniendo en riesgo la vida de ellos y la de los demás ciudadanos no exentos del riesgo de contagios.
A lo que hay que añadir los nuevos recortes de servicios que la Generalitat Valenciana ha anunciado recientemente, los dos más llamativos son: el cierre de algunos servicios de urgencias -para ser atendidos por el servicio de urgencia hospitalaria provocando la masificación de los mismos- y el incremento del sueldo en un 10% a los médicos que cumplan los objetivos que se les marquen, estos objetivos no son otros que aquellos que prescriban al paciente menos medicamentos y realicen menos pruebas médicas (análisis, radiografías, etc.).
Por todo esto pedimos al Gobierno que retire este Real Decreto Ley.
Instamos a la Generalitat a que retire de su agenda política estas medidas de recorte del gasto sanitario. Hacemos un llamamiento al Consell de la Generalitat Valenciana, y a los Grupos parlamentarios presentes en las Cortes con la finalidad de promover ante el Gobierno del Estado, un PACTO POR LA SANIDAD que consolide nuestro Sistema Nacional de Salud que asegure la cohesión social y la equidad para todos los ciudadanos. Un pacto que incluya a las fuerzas políticas, sindicales y de profesionales, a la industria y a los colectivos de pacientes.
La segunda moción habla de las tasas judiciales implantadas recientemente y que en primera instancia suponen costes de 50 a 750 euros y la subida de los precios para las apelaciones.
La Constitución recoge que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión Esta Ley de tasas que claramente vulnera este derecho, ha recibido el rechazo unánime de todas las asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, colegios de abogados etc. Por lo que solicitamos que esta ley sea retirada y que se aprueben medidas efectivas para paliar el colapso de la justicia, que no pasan por la limitación del acceso a la justicia.
