Manuel Ibáñez Pascual, portavoz del Grupo Municipal Compromís, de conformidad al amparo de lo previsto en el Art.116 de la Ley 8/2010 de la Generalitat, de 23 de junio de Régimen Local de la Generalitat, presenta para su debate y posterior aprobación por el Pleno si procede, la presente
MOCIÓN PARA LA SUPRESIÓN DE LAS DIPUTACIONES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace años, las Diputaciones provinciales han perdido su razón de ser. El artículo 141,2 de la Constitución Española dice que el Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encargados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Es decir, la Constitución habla de diputaciones o de otras corporaciones que asuman sus competencia, lo que ya ha sucedido en cinco comunidades autónomas uniprovinciales que, al evitar un nivel administrativo, han reducido el coste del funcionamiento y han optimizado los recursos públicos.
Las Diputaciones provinciales se crearon en el siglo XIX para atender a una España rural con malas comunicaciones que dificultaban mucho la organización territorial. Estábamos en un Estado centralista que dirigía todo desde Madrid y que requería de administraciones periféricas para reconducir sentimientos regionalistas en algunas comunidades bajo una distribución territorial un poco forzada. Un siglo más tarde, y en el caso que nos ocupa, nuestra comunidad, las tres diputaciones provinciales acuerdan «constituirse en Comunidad Autónoma». Con la Transición, son las Diputaciones provinciales las que acuerdan crear eso que se denominó «ente preautonómico», futura Comunidad Autónoma Valenciana.
Lógicamente, cuando algo decide constituirse en otra cosa renuncia a seguir siendo lo que es y cede sus competencias a aquello en lo que se constituye, de naturaleza superior. Las competencias ejercidas hasta entonces por las diputaciones se transfirieron y tan solo preservaron la coordinación de planes de obras y servicios, que hoy día solapan las inversiones del Plan Local que impulsa el Gobierno Autonómico en virtud de sus competencias en administración local. Llegados a este extremo, se ha incurrido en el vicio de ejercer competencias que no le son propias para justificar su propia existencia como la promoción turística, la política cultural o, incluso, la creación de una realidad territorial «espacial».
Por otro lado, las Diputaciones provinciales tienen un grave déficit democrático pues los diputados provinciales no tienen una relación directa con los electores. Su representatividad es de segundo grado porque son elegidos por los partidos. Eso hace que no respondan delante de un electorado que tiene la posibilidad de no votarlos, sino que han de contentar al aparato que les designa como diputado o, como mucho, procurarán favorecer a su municipio, que es por donde son elegidos como concejales y les da la posibilidad de ser diputados provinciales. Además, el que la representación sea por partidos judiciales y algunos nada más tengan un diputado, y muchos solo 2, hace que los dos grandes partidos se repartan todos los lugares, dejando fuera la resto de grupos políticos.
Las Diputaciones provinciales han sido utilizadas demasiado a menudo por los partidos mayoritarios como un instrumento al servicio del dominio político de su partido, cuando no se han hecho servir a los intereses personales, como lo demuestran las imputaciones de presidentes de las tres instituciones provinciales valencianas: José Joaquín Ripoll por la de Alicante, Alfonso Rus por la de Valencia y Carlos Fabra, éste ya condenado y encarcelado, por la de Castellón.
La crisis económica ha puesto encima de la mesa la necesidad de recortar gasto y burocracia en la gestión pública y simplificar el entramado administrativo. Es razonable y deseable que todas las administraciones ejerzan solo aquellas competencias que tengan asignadas con tal de evitar duplicidades innecesarias. La racionalización de la administración local, dotándola de una financiación adecuada y suprimiendo instancias poco legitimadas democráticamente, es un elemento fundamental para hacer una administración más eficaz y moderna. Es necesario que las administraciones tengan claro su ámbito competencial para evitar duplicidades. La ordenación y modernización supondría un ahorro para la administración pública valenciana en gastos de protocolo y duplicidades de más de 200 millones de euros y a la española de unos 1.500 millones de euros anuales, si se transfirieran competencias y personal a otros instancias más democráticas .
En este sentido, la Comunidad Valenciana no puede hacer desistimiento de funciones y ha de encarar con valentía una ley de redistribución de competencias para racionalizar y modernizar la administración pública valenciana atendiendo a nuestro singular territorio, reforzando la autonomía local, consolidando el modelo comarcal y adelgazando al máximo las corporaciones que, como las Diputaciones provinciales, carecen de sentido en el siglo XXI. Por todo lo cual, presentamos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Ayuntamiento de ELDA insta el Gobierno de España a:
1. Iniciar los trámites necesarios, incluyendo las modificaciones legales oportunas, para suprimir las Diputaciones provinciales por ser estas instituciones innecesarias, de dudoso funcionamiento democrático y excesivamente costosas para el erario público.
2. Tomar las decisiones oportunas para que se mantengan los servicios que las Diputaciones prestan en los municipios, por delegación de estos, pasando provisionalmente a depender de los gobiernos autonómicos, que las podrán administrar mediante sus delegaciones y los Servicios Territoriales de las diferentes consellerías.
Al mismo tiempo, se insta al Consell a:
1. Desarrollar de manera inmediata la Ley de Comarcalización, considerando el traslado de los servicios que prestan las diputaciones a los ayuntamientos, mancomunidades u organismos similares.
2. En tanto en cuanto este proceso se lleva a cabo, se arbitrarán las medidas necesarias para que los propios gobiernos autonómicos, mediante las delegaciones territoriales y los servicios territoriales de las diferentes consellerías, asuman estos servicios y el personal adscrito a ellos.
Elda, 31 de marzo de 2016
Fdo. Manuel Ibáñez Pascual
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA