La comunidad educativa del centro ocupacional San Pascual de Ibi inició ayer un encierro para reclamar el pago de los 120.798 euros que le adeuda la Generalitat Valenciana. Un acto de protesta al que se unieron representantes políticos y sindicales. De hecho, los directivos del centro y los alcaldes de la Foia han acordado gestionar ante entidades bancarias la posibilidad de pedir un préstamo con la cantidad adeudada.
Tal y como se viene informando, los impagos del Consell han llevado a que el Centro Ocuacional San Pascual de Ibi, gestionado por la Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad Intelectual (ACODIP), esté al borde del cierre. Ante esto, y tras haber transcurrido los 9 días de plazo en los que la Conselleria de Bienestar Social se comprometió a realizar las gestiones para saldar la deuda, los trabajadores y la junta directiva de ACODIP, acordaron desarrollar un encierro con el apoyo de usuarios y familiares. Una protesta que se inició ayer a las cinco de la tarde con la adecuación del espacio donde estos días van a pernoctar.
A partir de las seis de la tarde fueron llegando los representantes políticos y sindicales que quisieron sumarse a esta reivindicación. Entre los asistentes estaban las alcaldesas de Ibi y Castalla, Mayte Parra y Maite Gimeno, ediles de ambas poblaciones, así como representantes de los Servicios Sociales de Tibi. Por parte del Ayuntamiento de Onil no pudieron asistir. «Han excusado su asistencia y nos han dicho que nos apoyaban», señaló Rico.
En este acto, tuvo lugar la lectura de un manifiesto en el que exigían «el pago inmediato de la deuda contraída con la Conselleria de Bienestar Social, que asciende a un total de 120.798,40 euros, ya que la continuidad del centro ocupacional está en juego, poniendo el peligro la calidad de vida y de atención de las personas con discapacidad, su dignidad y respeto, y la situación laboral de los trabajadores dejando a este sector en riesgo de exclusión social». También pidieron «la ayuda y el apoyo de la sociedad en general, de nuestros políticos, nuestros representantes, pero sobre todo de familiares, usuarios, trabajadores y compañeros, ya que el futuro del sector está en juego».
Tras la lectura del manifiesto, los representantes del centro, así como las alcaldesas y representantes de los ayuntamientos de la Foia, se reunieron para conocer la última hora de la situación que sufre el San Pascual y también acordaron «realizar una gestión para hablar con los bancos para pedir préstamos sobre el dinero que se nos debe», dijo el director.
Por otra parte, la directora general de Personas con Discapacidad y Dependencia, Pilar Collado, informó el pasado sábado que entre el lunes y el miércoles de esta semana iban a abonar el 15% de la deuda, es decir, 18.000 euros, pero desde el centro subrayan que aunque se efectúe el pago no desconvocarán el encierro puesto que no cubre ni las nóminas ni los seguros sociales, según indicaron.