El hecho al que nos referimos tuvo lugar ayer a las 20:30h en el Centro social Andrés Navarro, cuando una pareja de policías nacionales de paisanos, irrumpieron en una reunión lícita y ciudadana, convocada y celebrada legalmente dentro del Centro.
La actividad que se realizaba era el asesoramiento a personas en proceso de desahucio y el estudio de acciones en favor de la dación en pago. Entre los presentes además, se encontraban miembros de Esquerra Unida de Elda y Petrer.
El derecho que nos da nuestra Constitución Española, en su artículo 21 Derecho de reunión pacífica y sin armas y el Arículo 3 punto 2 de la Ley Orgánica 9/1983 La autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones, frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho, fue vulnerado por lo tanto por estos dos policías, que registraron, preguntaron y pidieron la documentación a los allí presentes.
Esquerra Unida intuye que este abuso policial, tiene como finalidad, la de amedrentar a quiénes se atreven a pensar diferente de sus jefes políticos, e intentar criminalizar al conjunto de ciudadanos, que solo intentan dar soluciones a los problemas que el gobierno no sabe solventar de quiénes sufren las injusticias de la actual situación económica y de problemas tan dramáticos como pueden ser los desahucios.
Desde Izquierda Unida, a nivel federal, se están llevando a cabo diversas acciones para poner freno a estas identificaciones masivas e indiscriminadas y para ayudar a recurrir las multas de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno.
Creemos por tanto necesario, hacer una denuncia pública sobre el acoso que están suponiendo estas actuaciones y que que la ciudadanía conozca cómo se vulnera en nuestro territorio un derecho fundamental constitucional, como es el de reunión.
Ricardo Sixto diputado en el Congreso por Izquierda Unida, presentará ante el Ministerio de Interior una pregunta sobre lo ocurrido anoche, a ciudadanos de Elda y Petrer y Javier Martínez, concejal del Ayuntamiento de Petrer, de igual modo, registrará un escrito pidiendo explicaciones al Alcalde de este Municipio.
Asimismo, el responsable de la subdelagación del gobierno en Alicante, Alberto Martínez Díaz, o la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, deben dar una explicación, de por qué se procedió a la identificación de unos ciudadanos que pacíficamente estaban reunidos.