CANFALI EL SEMANAL
M.J. Moya
Como ya anunciara el mes pasado, UCL pidió cuentas el miércoles al equipo de gobierno sobre el funcionamiento de la empresa municipal Vivienda y Suelo, S.L., creada con el objetivo de agilizar la construcción de viviendas sociales en Pinoso, aunque desde su constitución en 2003 no ha levantado ni una sola de las edificaciones proyectadas.
Disculpas públicas para las familias afectadas por este más que dilatado retraso, cuentas, actas del Consejo de Administración y asambleas, responsabilidades por las pérdidas de la empresa y que el ayuntamiento u otra entidad asuma la construcción de estas viviendas, eran las demandas al pleno de UCL, cuyo portavoz recriminó en varias ocasiones la actuación del equipo de gobierno por el desinterés demostrado respecto a las viviendas anunciadas, en particular, y a la política social en general.
La situación de la empresa es un ejemplo de que no habéis sabido atender esa demanda social tan importante, porque a estas alturas las viviendas no están ni empezadas, dijo Ramón Cerdá, que haciendo referencia no sólo a las proyectadas durante la anterior legislatura, sino a las anunciadas posteriormente en la carretera de Tecla, añadió, sois conscientes de la necesidad extrema, os lo han dicho y no habéis hecho nada, cuando una empresa privada ya lo habría terminado.
Pedro Poveda, concejal de UCL, calificó de irresponsabilidad total el hecho de constituir una empresa que sólo ha generado pérdidas a las arcas municipales, cuando el proyecto de 2004 preveía que a finales del mismo año estuvieran terminadas el 15% de las viviendas. Asimismo, resaltó la dejadez en la elaboración de las memorias anuales de la entidad municipal, que, hasta el momento se han limitado a cambiar las fechas del proyecto sin que los plazos se hayan cumplido. Esto es para que os caiga la cara de vergüenza, porque llevamos tres años con el mismo estudio sin cumplirlo, apuntó dirigiéndose a Vicente Rico, concejal de Servicios Sociales, a quien lanzó un mensaje incuestionable: las familias necesitan viviendas, y no mentiras.
Al igual que el alcalde, Vicente Rico pidió disculpas a los afectados, porque en su día les dijimos una fecha que no hemos cumplido, pero no es verdad que no estemos trabajando en política social. Este preámbulo le sirvió para señalar que se destinan importantes partidas para atender necesidades, aunque hay muchas y no podemos llegar a todas. En este sentido, Rico asumió la necesidad de trabajar mejor y más duramente para conseguir una política seria en lo que se refiere a viviendas sociales y de protección oficial.
El primer edil comentó que los solicitantes de viviendas sociales que integran un listado confeccionado cuando Ramón Cerda era alcalde (como una lista electoral, hecha dos meses antes de que estuviera constituida la sociedad y sin dotación presupuestaria
un poco de aquella manera), están puntualmente informados sobre el desarrollo del proyecto, y por supuesto me encantaría que las viviendas estuvieran acabas y entregas. El alcalde alegó trabas burocráticas para el correcto desarrollo del proyecto, que tras unos ajustes exigidos por la Consellería de Territorio y Vivienda fue aprobado definitivamente a finales de 2005, por lo que ahora, cuanto antes podamos, empezaremos las obras, apuntó Amorós.
DESCUENTOS AL MÁRMOL
Pendiente de visto bueno estaba también el acuerdo plenario adoptado el pasado mes de mayo por el que se aplican descuentos en el canon de extracción de piedra en el Monto Coto a la empresa José María Máñez Verdú, acuerdo que UCL pretendía declarar nulo al haberse adoptado con los informes en contra de Secretaría e Intervención.
El portavoz de UCL recordó el compromiso público adquirido por el alcalde de encargar un informe sobre la legalidad de la decisión adoptada, legalidad que Cerdá cuestiona. Nuestros informes dicen que los descuentos son improcedentes y, con o sin vuestra colaboración, vamos a luchar hasta el final para que nos devuelvan ese dinero, que suma 80 millones de las antiguas pesetas, porque pensamos que no procede, ya que según el informe del técnico de minas los descuentos se aplicaban a 1.500 bloques de poco aprovechamiento y no ha sido así, sino mucha más cantidad y de buena calidad, concluyó Cerdá, que calificó el hecho de barbaridad, discriminación e ilegalidad.
Atajando el tema, el primer edil dio lectura a las conclusiones de sendos informes firmados por el abogado del consistorio, Fernando Abengoza, y Santiago Múñoz, catedrático de Derecho en la Universidad Complutense, que determinaban la ausencia de fundamento en la solicitud de nulidad planteada por UCL, que en su día se debió abstener o votar en contra.
En cuanto a la legalidad del acuerdo adoptado con los informes desfavorables de Secretaría e Intervención, el informe del catedrático resuelve que no hay nada que objetar al procedimiento administrativo seguido para el acuerdo, ya que la opinión jurídica de ambos funcionarios en este punto, de acuerdo a ley, no es vinculante, pues los órganos municipales competentes pueden separarse del criterio seguido por ellos.
Incluso hay que añadir que la opinión contraria a su legalidad expresada por los citados funcionarios, al no ser vinculante, no es nada más que un opinión jurídica que no tiene ningún valor determinante ni de la eficacia del acto ni de su validez, que no depende de lo que digan secretario e interventor, sino de lo que finalmente decidan los tribunales, concluye el informe.
Ambos puntos del orden del día se saldaban con los cinco votos a favor del grupo UCL, los siete en contra de los integrantes del equipo de gobierno y la abstención del edil del BLOC.