En la sesión plenaria del pasado 25 de Septiembre, el Partido Popular nos propuso que aceptáramos la cesión de unos terrenos para que la Consellería de Justicia iniciase la construcción de un nuevo edificio para ubicar los Juzgados del partido judicial de Villena. Todo ello acogido por el Plan Director de Infraestructuras Judiciales. Se pretendía dar salida a las reiteradas demandas de los trabajadores de los Juzgados, de los sectores profesionales afectados, como abogados, procuradores, etc., de los usuarios y de las Corporaciones Locales que han pasado por el Ayuntamiento de Villena, especialmente en la pasada legislatura en la que por unanimidad se acordó solicitar una serie de mejoras en las instalaciones y en los recursos humanos y técnicos con que están dotados actualmente.
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Nos parece importante destacar que la creación de nuevos juzgados es competencia del Estado y por ello nos parece bien que ya se haya creado el Juzgado nº 3 por parte del Ministerio de Justicia en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Pero también queremos certificar que la dotación de personal y equipamiento necesario para su funcionamiento es responsabilidad de la Consellería de Justicia, según determina el estatuto de autonomía de 2006.
En el debate de la moción de la cesión de terrenos ya manifestamos nuestras dudas sobre la oportunidad de dedicar tan importante inversión a construir un palacio de justicia nuevo en lugar de ampliar el edificio existente y aumentar la dotación de personal y medios técnicos. Estábamos hablando de mucho dinero, que nos parecía excelente que la Generalitat Valenciana invirtiera en Villena, pero que en los momentos actuales quizás debería reflexionarse sobre la mejor opción para racionalizar los recursos. Sobre todo cuando existe suelo público que permitiría ampliar las actuales instalaciones.
Como muestra de que no somos un grupo político que desde la oposición trate de obstaculizar proyectos que puedan beneficiar al conjunto de la población, nos abstuvimos en la votación final, aunque mantengamos las mismas dudas que ya pusimos de manifiesto públicamente.
Ahora surge una nueva reflexión que viene a sumarse a nuestras dudas, una reflexión que debería ser tenida en cuenta porque proviene de aquellos que mejor conocen el funcionamiento actual de la Administración de Justicia, así como de las medidas que pueden ayudar a mejorar la prestación de servicios de la misma. Éstos son los funcionarios de los propios juzgados afectados y los abogados y procuradores que diariamente realizan gestiones propias de su trabajo. Destacamos algunas de sus reflexiones por su importancia:
* Obligan a los ciudadanos a desplazarse en vehículo particular o pública para realizar gestiones relacionadas sobre todo con el registro civil.
* Al tener que cruzar la vía mayoritariamente por un paso a nivel frecuentemente cerrado hay posibilidades de retrasos en comparecencias.
* El verdadero problema es la total ausencia de medios para poder solventar los problemas de lentitud en la tramitación de expedientes, así como la falta de dotación económica para el mantenimiento de los juzgados.
* Mantenimiento de una de las plantillas de funcionarios más reducidas de la Comunidad Valenciana dando lugar a un extraordinario colapso judicial.
Como se puede observar, estas reflexiones que hacen en su comunicado público no forman parte de un escenario de enfrentamiento partidista, sino de las inquietudes de personas preocupadas porque los servicios públicos se presten de manera que redunden en beneficio de todos.
Por tanto y con ánimo constructivo solicitamos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Reconsiderar la cesión de terrenos acordada en el pleno de 25 de Septiembre pasado, atendiendo las demandas de los más directamente afectados.
2.- Dar paso a un proceso de participación ciudadana en que se pulse la opinión de los sectores profesionales afectados, representantes vecinales y colectivos sociales cuya opinión se considere importante.
3.- Adoptar posteriormente y de manera conjunta el acuerdo que más favorezca los intereses generales y que racionalicen el gasto de la Administración en momentos de restricciones económicas.
No obstante, el pleno con su superior criterio resolverá.
En Villena, a 17 de Noviembre de 2008.