El Comité de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Medio Vinalopó ha vuelto a exigir a la alcaldesa de Aspe, la popular Nieves Martínez, que expliqué qué hará con el polígono de La Aljau, pues pasado más de cuatro meses después de que la formación magenta presentara un escrito por registro en el Ayuntamiento interesándose por esta cuestión, sólo hemos obtenido la callada por respuesta, ha manifestado el secretario de Organización, César González, para quien es inadmisible que una institución no conteste a una pregunta planteada por un colectivo que se perfila como tercera fuerza política municipal.
González ha hecho estas declaraciones tras tener conocimiento de que el exalcalde Roberto Iglesias ha prestado declaración hoy en los juzgados de Novelda en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa como resultado de la ampliación de la querella criminal promovida por la asociación de vecinos La Aljau, que sostienen que el Ayuntamiento concedió tratos de favor a una empresa dedicada a las industrias del neumático radicada en la zona.
El dirigente magenta ha recordado que cuando ejercía de periodista en un medio comarcal, él mismo daba eco a las quejas del PP aspense denunciando que se no contestaba a los escritos de los vecinos. Obtenida la vara de mando por los populares, ahora se encuentra con el hecho de que la alcaldesa se ha convertido en lo mismo que denunciaba, lo que demuestra la hipocresía y doble moral de Martínez. A ello hay que unir el desgobierno en el que tiene sumido Aspe y el miedo a tomar decisiones que la caracteriza, ha
añadido.
Según las pesquisas realizada por UPyD tras mantener una serie de contactos con vecinos de la zona, la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) continúa adquiriendo fincas en la zona de La Aljau y está previsto que comiencen los primeros derribos de viviendas a finales de agosto o principios de septiembre. Sin embargo, ha lamentado González, nos vemos obligados a obtener esta información de forma extraoficial porque en el Ayuntamiento de Aspe nadie es capaz de informar. Nadie sabe a quién dirigirse para aclarar dudas, mientras tanto, los populares se frotan las manos al contemplar cómo toda la responsabilidad política recae en el anterior equipo de gobierno y la medalla del polígono se la pondrán ellos, ha indicado el secretario de Organización.
En la misma línea, UPyD ha pregunta al Ayuntamiento qué decisión adoptará al respecto del Decreto de Alcaldía de 31 de marzo de 2008 en el que ordenó el cierre de la empresa al comprobarse, previa resolución del Síndic de Greuges, que la empresa produce daños ambientales, pone en peligro de incendio viviendas de la zona, carece de licencia de apertura y de actividad en varias de las naves.
Pese a este Decreto, hasta la fecha la actividad industrial continúa con normalidad. UPyD no pretende que se deje sin trabajo a decenas de familia, sin embargo, sí que estamos a favor de que se cumpla la legalidad, ha añadido González, quien ha recordado que propusieron el Ayuntamiento la instalación de medidores de contaminación en La Aljau y que se dotara a la barriada de las máximas medidas de seguridad contra incendios, tales como bocas de riego para que en caso de una urgencia en la empresa, el fuego no se expanda.
Desde UPyD también se quiere saber en quién recae la responsabilidad última de este asunto, si el departamento municipal de medio ambiente ha emprendido alguna acción para depurar responsabilidades y por qué nadie atendió dos denuncias que se recibieron en el Ayuntamiento alertando de daños ambientales.
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