Las sentencias del APD-08 (Sentencia nº 693 de 2008) y Salcedos (Sentencia nº 525 de 2012) han provocado un daño inmenso para la economía municipal. El desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana vigente aprobado en el año 2000 ha dado lugar a estos procesos urbanísticos judicializados creando situaciones críticas.
Cuando empezó la legislatura en 2015 nos encontramos con el Ayuntamiento en la peor
situación económica y judicial de la historia de Onil. Entramos con el objetivo de resolver los conflictos judicializados y sanear las cuentas y dos años después hemos conseguido limpiar completamente las deudas de los procesos judiciales urbanísticos, con sentencias firmes, para el Ayuntamiento de Onil, realizando pagos de sentencias por valor de 7 millones de euros, y por tanto el pueblo de Onil ha realizado un esfuerzo inmenso para solventar dicho escenario crítico. De la liquidación de los presupuestos de 2014, 2015 y 2016, se ha obtenido con un criterio de austeridad y optimización impecable, un Remanente de Tesorería para Gastos Generales que se ha destinado, principalmente, al pago de las Sentencias anteriormente mencionadas.
Una de las consecuencias recientes para el Ayuntamiento de Onil se trata de no tener
posibilidad de asumir económicamente las obras de mejora de los Polígonos Industriales en 2017 debido a la obligatoriedad e inmediatez por atender recientemente la finalización del pago pendiente de la Sentencia por la expropiación de terrenos del APD-08 (1.611.845,11 ) y el pago pendiente de los intereses de la sentencia de los Salcedo (834.667,55 ). De la misma forma que no se han podido acometer otras inversiones en infraestructuras necesarias.
Desde la Intervención municipal prevén un posible cumplimiento de la Regla de Gasto fijada para este ejercicio en 7.542.492,42, sin embargo, se estima que las sentencias pagadas en 2017 afectarán a la Estabilidad Presupuestaria a finales de año, es por ello que la Intervención municipal propuso desistir en la realización de inversiones significativas.
Con el pago de los importes pendientes de las sentencias de los últimos meses finaliza el pago de los dos grandes procesos Urbanísticos judicializados que han llevado al Ayuntamiento de Onil a pagar desde el inicio de la legislatura 7 millones de euros en sentencias, calamidades urbanísticas del pasado plasmadas en sentencias firmes judiciales millonarias. Se trata de un gran golpe para las arcas municipales por dos asuntos urbanísticos que se remontan a acciones municipales de la anterior década y que han resuelto los tribunales desfavorablemente.
Estas sentencias de procesos urbanísticos históricos han hipotecado económicamente al
Ayuntamiento durante estos dos últimos años impidiendo la realización de inversiones; los afectados por estos errores urbanísticos son los empresarios y ciudadanos, es el dinero de todos los vecinos en definitiva. Con 7 millones de euros podíamos haber resuelto muchas necesidades en infraestructuras de Onil sin embargo se han dedicado necesariamente a sanear las sentencias judiciales firmes obligatorias.
Actualmente apostamos por unas prácticas urbanísticas más respetuosas y pacíficas que eviten este tipo de lamentables contratiempos para Onil. Siempre actuaremos defendiendo los intereses de Onil, dando continuidad a la corriente de progreso y avance que vive Onil como avalan los indicadores y garantizando la seguridad jurídica y urbanística de las actuaciones que se emprenden, no obstante somos conscientes de que la actividad urbanística del pasado genera continuos inconvenientes y por tanto estamos estudiando todas la vías de trabajo que puedan subsanar el resto de efectos negativos que conllevan los proyectos de planificación y desarrollo urbanístico del pasado.
La voluntad del gobierno es, y ha sido, dar fiel y estricto cumplimiento a las Resoluciones de los Tribunales y no demorar lo que por Ley nos es obligado. Con el último Auto de los Salcedo se acredita que los planteamientos del equipo de gobierno respecto a los intereses de los Salcedo iban en la dirección correcta, ya que el Tribunal ha resuelto que se debían pagar 834.667,55 de intereses y no 1.355.219,53 como reclamaba el demandante (en recurso de casación).
Concluimos que la Administración en el ejercicio de sus actuaciones debe actuar conforme a derecho, no bajo criterios arbitrarios y persiguiendo siempre el bien común. Estamos en un momento donde se ha conseguido sanear el Ayuntamiento y por tanto miramos hacia el futuro con optimismo, muchos proyectos que acometer y con un trabajo también riguroso por delante que permita seguir avanzando, ahora ya desde un entorno mucho más claro y
saneado. Abordaremos el futuro dando soluciones coherentes a cualquier nueva situación que pueda presentarse respecto a las actividades urbanísticas del pasado y amortiguaremos con rigor, como hasta ahora, las consecuencias en adelante de las amargas sentencias hacia las arcas municipales cumpliendo consecutivamente con nuestro compromiso de recuperación del bienestar en el municipio.
Onil, Llamda Humi Guill, Alcaldesa Onil, 07/11/17 from Intercomarcal TV on Vimeo.