Los derechos humanos, que vieron la luz hace 60 años en la Asamblea General de Naciones Unidas, aparecen hoy como una promesa traicionada. Los líderes mundiales deben pedir disculpas por ello.
Es innegable que en las últimas seis décadas ha habido avances. Como ejemplo cercano en el tiempo, la moratoria contra la pena de muerte aprobada por Naciones Unidas a finales de 2007 es una buena noticia en el camino hacia un mundo libre de ejecuciones.
El número de países que ofrecen protección constitucional y jurídica a los derechos humanos es cada día mayor. Pero el liderazgo visionario que los forjó en 1948 ha dado paso a estrechos intereses políticos y hoy, los derechos humanos siguen siendo una promesa sobre el papel.
Estados Unidos, la primera potencia mundial, sigue perseverando en sus intentos de debilitar la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en su guerra contra el terror. Y sin embargo, el mundo necesita que EEUU renueve su compromiso con los derechos humanos y abandone el lado oscuro tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Los gobiernos europeos se han mostrado también proclives a una doble moral. En 2007 salieron a la luz nuevos indicios de que varios Estados miembros de la UE habían actuado en connivencia con la CIA para secuestrar a personas, recluirlas clandestinamente y trasladarlas ilegalmente a países donde fueron sometidas a tortura y otros malos tratos. Ningún gobierno ha admitido ni investigado a fondo esta cuestión. ¿Pueden la UE o sus Estados miembros pedir a China o a Rusia que respeten los derechos humanos cuando ellos mismos son cómplices de tortura? ¿Puede la UE pedir a otros países con muchos menos recursos que mantengan abiertas las fronteras, cuando sus propios Estados miembros coartan los derechos de personas refugiadas y solicitantes de asilo?
En Darfur (Sudán), a pesar de que el conflicto siguió propiciando graves violaciones de derechos humanos y violencia, aún no se ha producido el despliegue completo de una fuerza mixta de la Unión Africana y la ONU. En Birmania, el Gobierno se negó a acabar con la represión a los activistas de derechos humanos encarcelados en las manifestaciones pacíficas. En Rusia, el Gobierno ha seguido reprimiendo la disidencia política, presionando a periodistas independientes y adoptando controles legislativos para frenar a las ONG.
Por su parte, China justifica desde hace tiempo su apoyo a gobiernos abusivos, como los de Sudán, Birmania y Zimbabue, en función de sus intereses políticos y comerciales. Y durante los preparativos de los Juegos Olímpicos, el historial de respeto a los derechos humanos en el país asiático no ha mejorado, quebrantando el compromiso que adquirió al ser elegida sede de las Olimpiadas.
En España también afrontamos numerosos retos. Entre ellos, conseguir que el Gobierno garantice los derechos de los inmigrantes, que afronte con valentía los casos de tortura y malos tratos a manos de agentes del Estado, que mejore la respuesta a las mujeres víctimas de la violencia de género o que asegure que la recientemente aprobada ley sobre el comercio de armas supone un control real y efectivo sobre su transferencia a terceros países. Por otra parte, la aprobación de la ley de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, o el anuncio de la instalación de videocámaras en comisarías de Cataluña y País Vasco muestran un avance en los mecanismos de protección de los derechos humanos en nuestro país.
Son muchos los desafíos globales a los que nos enfrentamos, pero los derechos humanos internacionalmente reconocidos proporcionan el mejor marco para trabajar, porque representan un consenso global sobre cómo deben actuar los Gobiernos para garantizar el bienestar de todas las personas. Mientras esto no ocurra, la gente no se quedará callada: El descontento popular en Bangladesh ante la brusca subida del precio del arroz, los disturbios en Egipto por el precio del pan, la violencia postelectoral en Kenia y las manifestaciones públicas en China sobre desalojos y cuestiones medioambientales son síntomas que apuntan a un torrente de protestas populares ante la traición de sus Gobiernos a la promesa de garantizar justicia e igualdad.
AMNISTIA INTERNACIONAL, GRUPO DE VILLENA